La Unicameral aprobó las iniciativas del Ejecutivo provincial para validar un adelanto de coparticipación por $400.000 millones y un convenio de $15.000 millones por el Consenso Fiscal 2017. Pese a las críticas por el impacto en la coparticipación municipal y la paradoja sobre el superávit provincial, el bloque Hacemos por Córdoba contó con el respaldo clave de la UCR y del Frente Cívico.
En una sesión atravesada por cruces sobre el estado real de las arcas públicas provinciales, la Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles dos proyectos centrales presentados por el gobierno de Martín Llaryora. Las iniciativas formalizan la recepción de $400.000 millones en concepto de anticipo financiero otorgado por la Nación —con una tasa del 15% anual— y la compensación de $15.000 millones correspondiente a deudas derivadas del Consenso Fiscal de 2017.
El debate expuso una fuerte fragmentación dentro del arco opositor. Mientas las bancadas de la UCR y el Frente Cívico decidieron acompañar en forma general para no bloquear el ingreso de divisas a la provincia, sectores del PRO, La Libertad Avanza, Encuentro Vecinal y la izquierda rechazaron o se abstuvieron de votar la medida.
Tensión por el «superávit» y la coparticipación a municipios
El argumento central de los bloques opositores giró en torno a la aparente contradicción entre la narrativa del superávit fiscal promovida por el Poder Ejecutivo y la necesidad inmediata de recurrir a auxilio financiero de la Casa Rosada.
- Reclamo de fondos para intendencias: Desde el radicalismo, legisladores como Mauricio Jaimes, Dante Rossi y Oscar Saliba condicionaron su respaldo político a la exigencia de que al menos un 20% de los recursos obtenidos sean redistribuidos de manera equitativa entre los municipios y comunas, sin distinción de color político, para hacer frente al aumento de costos locales y al transporte urbano.
- Cuestionamientos al costo financiero: Representantes del PRO y La Libertad Avanza calificaron la operación de los $400.000 millones como un «empréstito» o «rescate», objetando el pago de una tasa de interés sobre fondos que, según argumentaron, responden a acreencias históricas de la propia provincia.
La defensa del Ejecutivo y el modelo de negociación
La bancada oficialista, liderada en el debate por las legisladoras Victoria Busso y Julieta Rinaldi, desestimó las acusaciones de «estrés fiscal» y defendió la transacción como un ejercicio de responsabilidad financiera. Desde el bloque Hacemos por Córdoba argumentaron que acceder al anticipo permite sostener el ritmo de la obra pública en curso y mantener liquidez en un contexto nacional recesivo, al tiempo que se continúa con el reclamo administrativo y judicial por la deuda previsional de la Caja de Jubilaciones.
Con esta ratificación legislativa, la gestión de Llaryora consolida un margen de maniobra económico clave para el cierre del año presupuestario, en un marco de equilibrio pragmático con la administración nacional de Javier Milei.
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