La burocracia de la exclusión: el impacto por el corte de leche en los dispensarios de Córdoba

La vulnerabilidad social en los barrios periféricos de la ciudad de Córdoba ha sumado un nuevo factor de tensión ante el corte en la distribución de leche en polvo en los centros de salud municipales. El conflicto, que comenzó a manifestarse con fuerza en marzo y escaló en julio a través de asambleas y cortes de calles, expone una parálisis administrativa que afecta de manera directa a la población infantil. Vecinos de sectores históricamente postergados del oeste y del este capitalino denuncian que las entregas se encuentran interrumpidas desde diciembre, forzando a las familias de menores recursos a sustituir este insumo nutricional crítico por infusiones nocivas para el desarrollo temprano.

Ante la multiplicación de las protestas en barriadas como San Roque, Los Robles, Maldonado y Müller, la respuesta institucional se ha diluido en un cruce de competencias entre el Palacio 6 de Julio y el Centro Cívico. Desde la Municipalidad de Córdoba deslindaron responsabilidades al afirmar que la Provincia es la única encargada de proveer la leche a la red de dispensarios locales. Por su parte, la administración provincial argumenta que la cobertura alimentaria está garantizada de forma interna a través de los desayunos y meriendas del programa Paicor y en la red de Salas Cuna, mientras que la parálisis en los centros de salud responde a un proceso de depuración de padrones para evitar la superposición de beneficios.

La justificación oficial choca con la realidad territorial descrita por los propios efectores sociales y beneficiarios de los programas sanitarios. El actual esquema de centralización implementado por el Ministerio de Desarrollo Social provincial —que unificó el sistema mixto que antes cogestionaban la Nación, la Provincia y el Municipio— preveía la entrega de un kilo mensual de leche en polvo por niño de hasta seis años, embarazadas y casos de alta vulnerabilidad. La revisión de los listados bajo el criterio de exclusión para quienes ya reciben asistencia escolar terminó por paralizar los envíos generales, interrumpiendo un derecho que los vecinos aseguran jamás se había suspendido en crisis anteriores.

La trastienda del conflicto revela además una indefinición de fondo sobre la sostenibilidad del programa hídrico-nutricional. Las carteras de prensa de ambas jurisdicciones han evitado precisar si la interrupción responde a dificultades en la cadena de adquisición del insumo o si se planifica una descentralización forzada de la compra hacia las arcas municipales. Mientras la discusión técnica persiste en los despachos, los sectores comunitarios advierten por el incremento de cuadros de desnutrición infantil en el cordón periférico, donde las familias monoparentales y los trabajadores informales se ven obligados a priorizar el abrigo frente a una canasta alimentaria básica que se vuelve inalcanzable.