El hallazgo de otros 157 cuerpos elevó el balance fatal del doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio. Las autoridades reportan casi 20.000 ciudadanos alojados en campamentos transitorios y estiman que la demanda habitacional por destrucción total o daños estructurales severos superará las 25.000 viviendas.
El panorama social tras el doble terremoto del 24 de junio se complejiza con el correr de los días. El último informe oficial emitido por las autoridades gubernamentales actualizó la cifra de fallecidos, consolidando un acumulado que expone la magnitud del desastre natural. Mientras los equipos de rescate continúan con la remoción de escombros en los sectores más vulnerables, el foco de la emergencia se traslada a la contención de los miles de damnificados que perdieron la totalidad de sus bienes materiales.
La infraestructura pública civil se encuentra al límite de su capacidad operativa, especialmente en las zonas geográficas con mayor impacto de las ondas sísmicas. Hasta el momento, las cuadrillas civiles y militares contabilizaron un total de 1222 réplicas, una condición geológica inestable que retrasa las inspecciones técnicas profundas sobre las edificaciones que permanecen en pie pero presentan fisuras o desprendimientos de mampostería de riesgo.
Despliegue de asistencia y operativo de refugios temporales
Las tareas de contingencia para sostener a la población evacuada demandan una movilización masiva de recursos:
La administración central dispuso la apertura de 108 campamentos transitorios, habilitados principalmente en establecimientos escolares de Caracas y de los estados de Miranda y La Guaira. En estos espacios conviven de forma temporal unas 19.583 personas. El soporte logístico de la emergencia incluye el trabajo de 30.535 voluntarios registrados y más de 31.000 funcionarios públicos, quienes coordinaron la distribución de casi 10.000 toneladas de asistencia alimentaria y 18,5 millones de litros de agua potable para las familias afectadas.
Frente a la pérdida de hogares, las autoridades iniciaron un censo biométrico para determinar con exactitud el nivel de destrucción habitacional. Los cálculos preliminares proyectan la necesidad de edificar unas 25.000 nuevas viviendas. Los equipos de ingenieros y peritos advierten que la cantidad de damnificados directos continuará incrementándose a medida que se completen las evaluaciones de las estructuras declaradas inhabitables por peligro de derrumbe.
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