La Confederación Argentina de la Mediana Empresa formalizó un pedido urgente ante el Senado y el Ministerio de Economía. Advirtieron que, tras 13 meses consecutivos de derrumbe en las ventas, las empresas se quedaron sin caja y acumulan nuevas deudas impositivas, por lo que reclaman cambios en la Ley de Inocencia Fiscal y una moratoria de 48 cuotas.
El desesperado reclamo de CAME ante la Cámara Alta pone números concretos a la falta de liquidez que asfixia al sector productivo. Según detalló la entidad, el detonante de la presentación es el cambio en la Ley de Inocencia Fiscal, que duplica los montos de las multas automáticas por fallas administrativas (pasando de 220.000 a 440.000 pesos). Los motivos de la alarma empresaria radican en que estas sanciones caen sobre firmas que hoy no tienen caja ni para cubrir sus costos operativos básicos. Por eso, piden de manera urgente que se congelen los cobros durante los períodos de espera y se apliquen descuentos del 50% para quienes logren regularizar su situación en los primeros quince días.
Las consecuencias de este ahogo financiero se reflejan de forma dramática en el día a día de los comercios y las pequeñas industrias, que enfrentan una ola masiva de embargos bancarios. Desde CAME explicaron que la recesión prolongada —que ya acumula más de un año en terreno negativo— obliga a los empresarios a elegir entre pagar los sueldos de su personal o depositar el IVA de ventas que muchas veces ni siquiera llegaron a cobrar. Como la flamante ARCA no tiene atribuciones legales para frenar las ejecuciones por su cuenta, el trasfondo del pedido apunta a que el Congreso dicte una ley que suspenda temporalmente los embargos y abra una moratoria de 48 cuotas con quita de recargos para rescatar a las empresas que quedaron fuera del último perdón fiscal de abril.
El impacto definitivo de este escenario traslada la presión al ministro Luis Caputo y a los presidentes de los bloques del Senado para que introduzcan un paracaídas de emergencia en el próximo paquete normativo. La advertencia de los dirigentes pymes es contundente: las dificultades administrativas son solo el síntoma de una crisis Terminal por falta de caja. De no mediar un alivio fiscal inmediato que de un respiro a la falta de liquidez, el mecanismo de recaudación automática del Estado terminará provocando el colapso operativo de las unidades productivas, transformando la acumulación de deudas impositivas en un cierre definitivo de persianas y en la pérdida masiva de puestos de trabajo.
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