Bajo el paraguas del RIGI y con un fuerte sesgo de financiamiento privado, un paquete de proyectos energéticos, viales, ferroviarios y fluviales busca eliminar los cuellos de botella logísticos y la restricción externa de divisas.
El desarrollo económico argentino enfrenta históricamente dos límites estructurales interconectados: la recurrente restricción externa de divisas y los elevados costos logísticos que restan competitividad a la producción nacional. En este escenario, un paquete de diez proyectos de infraestructura —con inversiones individuales que van desde los USD 800 millones hasta los USD 50.000 millones— avanza en distintas etapas de ejecución. Financiadas mayoritariamente por el sector privado bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o articuladas en coordinación con países vecinos, estas obras buscan transformar la matriz productiva y exportadora en un horizonte de cinco años.
El bloque energético se posiciona como el gran traccionador de las inversiones, concentrando los mayores desembolsos con Vaca Muerta como epicentro. La iniciativa de mayor envergadura es Argentina LNG, el proyecto liderado por YPF para la producción y exportación de gas natural licuado que contempla una inversión total de USD 50.000 millones, de los cuales USD 30.000 millones se ejecutarán en los primeros cuatro años. La obra prevé llevar el gas neuquino hasta Río Negro para licuarlo en unidades flotantes, apuntando a exportar 12 millones de toneladas anuales para 2030 (equivalentes a USD 14.000 millones) y alcanzar luego las 18 millones de toneladas.
A la oferta de gas se suma el Gasoducto San Matías, una obra de USD 1.300 millones destinada a abastecer las unidades de licuación del consorcio Southern Energy con ventas estimadas en USD 2.500 millones al año, y la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, a cargo de TGS. Esta última, incorporada al RIGI por USD 550 millones, sumará potencia de compresión entre Tratayén y Salliqueló para volcar 12 millones de metros cúbicos diarios adicionales al anillo bonaerense antes del invierno de 2027. En el segmento petrolero, el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) avanza con una inversión de USD 3.000 millones a cargo de un consorcio privado que conectará Añelo con el puerto de Punta Colorada para evacuar 550.000 barriles diarios hacia 2027.
En paralelo a la agenda energética, un grupo de proyectos busca rediseñar las rutas de conectividad con los mercados internacionales para abatir los costos de transporte. A nivel regional, se destaca el Corredor Bioceánico Capricornio, un trazado de 2.400 kilómetros entre Brasil, Paraguay, Argentina y Chile por USD 10.000 millones ideado para competir con el Canal de Panamá. En una línea similar se proyecta el Tren Trasandino, un emprendimiento ferroviario de USD 9.600 millones con capitales chilenos y singapurenses que incluye un túnel de 54 kilómetros entre Uspallata y Los Andes para sacar granos sudamericanos hacia Asia. Asimismo, el frente fluvial quedó ordenado tras la adjudicación de la Vía Navegable Troncal (la hidrovía Paraná-Paraguay) al consorcio Vía Navegable Argentina por los próximos 25 años.
Por último, el plan oficial abarca la modernización de la infraestructura interna de rutas, electricidad y ferrocarriles de carga. El Gobierno reemplazó el antiguo esquema estatal por la Red Federal de Concesiones, licitando más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales bajo financiamiento 100% privado, lo que permitió disolver la firma estatal Corredores Viales S.A. y generar un ahorro fiscal estimado en USD 6.100 millones. En materia eléctrica, se lanzó el Plan Nacional de Transporte Eléctrico por USD 6.600 millones para extender líneas de alta tensión concesionadas a privados, mientras avanza la privatización del Belgrano Cargas, donde la firma mexicana Ferromex perfila un plan de inversiones de hasta USD 3.000 millones para devolverle competitividad a la red ferroviaria del norte argentino.
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