Tras el operativo dispuesto por la Justicia y el municipio, unas 450 familias de la zona sur permanecen sin ingresos. Mientras la comuna propone la relocalización bajo esquemas de ordenamiento, especialistas advierten sobre el impacto de las políticas de control en los sectores vulnerables y la feminización del trabajo informal.
El desmantelamiento de la feria informal «Los Olmos», ubicada en la intersección de la avenida Armada Argentina y la Colectora en la zona sur de la ciudad de Córdoba, derivó en una compleja disputa social y urbanística. El predio, que comenzó años atrás con un pequeño grupo de vecinos y se expandió a lo largo de tres kilómetros tras la pandemia, albergaba a al menos 450 familias compuestas mayoritariamente por adultos mayores, madres solteras y personas sin empleo formal. Tras la orden de desalojo emitida por la Fiscalía del Distrito 4, Turno 1, el municipio y la Policía de Córdoba mantienen vallado el terreno para evitar su reocupación, mientras se desarrollan mesas de diálogo para definir su reubicación.
La interrupción de la actividad generó un fuerte impacto en la economía familiar de los feriantes, quienes argumentan no contar con ingresos alternativos para afrontar alquileres, alimentos o medicamentos. Desde el Departamento Ejecutivo municipal, encabezado en las negociaciones por el secretario de Gobierno Rodrigo Fernández, se propusieron dos terrenos para el traslado: uno perteneciente a Caminos de las Sierras ubicado detrás del Hospital de Pronta Atención de avenida Fuerza Aérea y otro en barrio Nuestro Hogar 3. La propuesta oficial condiciona la habilitación a la regularización del espacio, el control sobre el origen de las mercaderías y el cumplimiento de normativas de salubridad, equiparándolo al funcionamiento de las 157 ferias populares registradas en la capital. Por su parte, los feriantes rechazaron opciones alejadas como el Polo 52 y solicitaron un predio provisorio por 60 días en la zona sur para sostener sus ingresos durante la negociación.
El conflicto reabrió el debate académico e institucional sobre el abordaje estatal hacia la economía popular. Especialistas en ciencias sociales señalan que la intervención refleja una «gestión diferenciada de los ilegalismos», donde se prioriza la limpieza del espacio público por sobre la contención de los sectores periferizados. Asimismo, investigadoras del Conicet enfatizan el rol de las ferias como espacios flexibles que permiten compatibilizar la generación de ingresos con las tareas de cuidado familiar, destacando la fuerte presencia de mujeres jefas de hogar que encuentran en la venta feriante una red comunitaria de contención y autoempleo.
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