El proyecto oficial prevé un crecimiento del 4% del PBI, desaceleración inflacionaria al 18% anual y superávit financiero persistente. Sin embargo, la decisión de enviar a funcionarios técnicos a defenderlo en el Congreso expone el intento del Gobierno por desescalar la fricción política frente a la frialdad empresarial y el estancamiento de la microeconomía.
El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 formalizado por el Poder Ejecutivo fija pautas macroeconómicas de fuerte optimismo técnico, proyectando una inflación interanual del 18% a diciembre de 2027, un dólar oficial a $ 1.847 y una recuperación del 4% en el PBI. Respaldado en la premisa del superávit financiero por cuarto año consecutivo, el esquema prevé un saldo comercial favorable de U$S 15.560 millones y un rebote de la inversión del 9,2%. No obstante, el aspecto más revelador de la iniciativa reside en el giro táctico de su presentación parlamentaria: el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo optaron por no exponerse en el recinto, delegando la defensa del texto en el secretario de Finanzas, Federico Furiase. Esta decisión busca acotar el desgaste político directo en las comisiones en un contexto legislativo adverso.
El trasfondo del proyecto expone la brecha persistente entre el ancla fiscal de la macroeconomía y las demandas del sector privado. Durante la celebración del Día de la Exportación, Caputo buscó revalidar el rumbo oficial frente a un contexto internacional adverso por la suba de tasas en Estados Unidos y el alza del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, la tibia recepción de su discurso por parte de los empresarios reflejó el escepticismo de la economía real. Lejos de matizar las diferencias, el ministro justificó abiertamente la existencia de una «economía a dos velocidades», argumentando que la tracción de divisas generada por el agro, la energía y la minería constituye el único sostén para garantizar la estabilidad cambiaria y dar previsibilidad a mediano plazo.
La pauta presupuestaria ratifica una estrategia que prioriza la disciplina fiscal por encima de cualquier intento de reactivación forzada del consumo. Al alinear el texto con las directivas transmitidas por la Casa Rosada a los legisladores oficialistas, la conducción económica asume el compromiso de sostener la ortodoxia rígida aun frente a los costos electorales. De este modo, la propuesta enviada al Congreso configura un modelo que confía la recuperación a la inversión privada y la consolidación de las cuentas públicas, fijando como piso para el cierre de 2026 un dólar oficial de $ 1.600 y una inflación acumulada del 29%.
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