Las razones por las cuales la Unicameral endurece los controles tras el caso Flores

Tras el escándalo que involucró a contratados del legislador Ernesto Ramón Flores (quien solicitó licencia), la Unicameral endurece los controles de ingreso y permanencia del personal legislativo a través de un nuevo decreto y proyectos de ley de la oposición.

La Secretaría Administrativa de la Unicameral de Córdoba trabaja en la redacción de un decreto que endurecerá el régimen de contratación de asesores y asistentes parlamentarios, tomando como base la Ley Provincial 9.880. La medida busca elevar las exigencias de integridad pública y fijar la responsabilidad directa de cada legislador o bloque político respecto de las personas cuya contratación propongan.

Actualmente, el Poder Legislativo exige para el ingreso el examen apto físico, fotocopia de DNI, certificado de domicilio, análisis toxicológico y la presentación —con renovación obligatoria cada seis meses— de los certificados de antecedentes penales emitidos tanto por la Policía de la Provincia de Córdoba como por el Registro Nacional de Reincidencia. El nuevo esquema sumará como requisito obligatorio el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y una declaración jurada de integridad.

En paralelo, desde la oposición, el presidente del bloque del PRO, Oscar Agost Carreño, presentó un proyecto para crear un Sistema Permanente de Verificación de Antecedentes y Situaciones Judiciales. La propuesta busca cruzar datos con organismos judiciales con una frecuencia máxima de 15 días para evitar que el control dependa de la vigencia semestral de los certificados. Además, el proyecto contempla la elaboración de un Protocolo Institucional de Actuación para actuar diferenciadamente ante imputaciones, procesos en trámite o condenas firmes, con foco prioritario en delitos contra la administración pública y la integridad sexual.