13 octubre, 2026

La tensión en la sierra: la preservación ambiental frente a la expansión comercial e inmobiliaria

El municipio de Villa Carlos Paz paralizó tareas de excavación y desmonte en un predio de 94,6 hectáreas situadas en el Área Protegida Intangible (AP1), propiedad de la firma Karmya S.A., vinculada al empresario Euclides «Tati» Bugliotti. La controversia contrapone las pretensiones de desarrollo de un parque solar y una terminal de ómnibus con el marco legal de intangibilidad ambiental vigente desde 2015.

La intervención municipal sobre la colectora sur de la autopista incluyó el emplazamiento de un contenedor del Grupo Dinosaurio y el labrado de actuaciones notificadas a la Policía Ambiental provincial. Desde la empresa sostienen que la estructura se instaló en terrenos destinados a una futura rotonda proyectada por Caminos de las Sierras y que no se ha ingresado de forma oficial ningún proyecto edilicio. No obstante, la Ordenanza 6010, integrada al Código de Edificación local, cataloga la parcela como reserva intangible, lo cual prohíbe modificaciones en el relieve o la vegetación y restringe los usos exclusivamente a tareas de preservación del bosque serrano e investigación científica.

El escenario expone una tensión entre la normativa ambiental local y la proyección de inversiones privadas en áreas periurbanas. Aunque las empresas estatales de servicios, como EPEC, evalúan la factibilidad técnica para la inyección energética de un eventual parque fotovoltaico, la potestad sobre el uso del suelo radica de forma exclusiva en el municipio. Hasta el momento, el Grupo Dinosaurio no formalizó la solicitud ante el Concejo de Representantes, procedimiento que exigiría estudios de impacto ambiental, evaluaciones de riesgo de incendio y la realización de audiencias públicas con doble lectura.

El diferendo trasciende la órbita técnica para radicarse en la agenda política regional. Mientras que la administración del intendente Esteban Avilés reafirma el control estricto sobre las zonas de reserva como eje de su política de ordenamiento urbano, el sector empresarial señala una falta de canales institucionales para viabilizar propuestas de infraestructura, lo que ha derivado en la radicación de emprendimientos comerciales en municipios vecinos como Malagueño.