El freno dictado por una jueza en Lomas de Zamora reabrió la brecha entre la viabilidad técnica y el discurso político sobre el régimen penal juvenil. Entre acusaciones de garantismo y reclamos por fondos coparticipables, el cruce entre el Ministerio de Seguridad bonaerense y la Casa Rosada deja al descubierto los límites operativos de una reforma que enfrenta serios dilemas de aplicación.
El reciente freno judicial a la ley que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años encendió un debate que trasciende el mero cruce dialéctico. La resolución dictada por la jueza de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, al hacer lugar a un habeas corpus de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, expuso la tensión latente entre la sanción de normativas en el ámbito parlamentario y la capacidad real del Estado para implementarlas sin dinamitar el marco constitucional.
Frente a la cautelar, los principales voceros del Ejecutivo nacional dirimieron el conflicto en el terreno del posicionamiento ideológico. Tanto el jefe de Gabinete, Diego Santilli, como la senadora Patricia Bullrich apuntaron de forma directa contra el gobernador Axel Kicillof, atribuyendo el fallo a una supuesta «Justicia garantista» y acusando a la gestión provincial de alinearse de forma tácita con la delincuencia.
La respuesta desde La Plata no tardó en llegar y buscó desplazar la discusión hacia el terreno presupuestario y de la división de poderes. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, cuestionó el uso de las plataformas digitales como canal de gestión y contrapuso la efectividad de los anuncios con la escasez de recursos asignados a la provincia. La postura del funcionario de Kicillof hizo eco de los fundamentos del propio fallo judicial, que advirtió que la norma resulta inviable si carece de herramientas efectivas para la reinserción social.
El nudo del conflicto revela así un dilema operativo de fondo: la factibilidad de aplicar un régimen penal para menores sin la previa creación de juzgados y fiscalías especializadas, sumado a la falta de centros de reclusión e infraestructura adecuada. Al reclamar la devolución de los fondos coparticipables recortados por la Nación, la administración provincial sostiene que promulgar leyes de esta magnitud sin previsión presupuestaria transforma a la reforma en un instrumento declarativo, dejando abierta la incógnita sobre si el país se encamina hacia un cambio estructural de la seguridad o hacia una recurrente encrucijada legal e institucional.
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