Al cumplirse el primer aniversario del histórico fallo contra la enfermera Brenda Agüero y la cúpula directiva, las apelaciones mantienen las condenas en suspenso. Los familiares denuncian que los exfuncionarios siguen libres y denuncian el desamparo estatal ante las graves secuelas de los bebés sobrevivientes.
El caso del Hospital Materno Neonatal de Córdoba estalló a mediados de 2022, cuando se detectó un patrón alarmante y desproporcionado de muertes de recién nacidos sanos en el nosocomio público. La investigación judicial determinó que entre marzo y junio de ese año, al menos cinco bebés fallecieron y otros ocho sufrieron graves lesiones debido a la inyección intencional de dosis letales de potasio y otras sustancias, pocas horas después de haber nacido. El principal foco de la acusación recayó sobre la enfermera Brenda Agüero, la única trabajadora presente en todos los turnos donde se produjeron los ataques. La causa no solo expuso la autoría material de los crímenes, sino también una presunta red de encubrimiento institucional dentro del Ministerio de Salud provincial, cuyos funcionarios fueron acusados de ocultar las muertes para evitar el impacto político, demorando la denuncia judicial mientras seguían naciendo y muriendo niños.
El caso que horrorizó a Córdoba con la muerte en serie de recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal cumplió un año desde su veredicto en primera instancia, pero el cierre definitivo sigue atrapado en los tiempos judiciales. A pesar de la condena a prisión perpetua dictada contra la enfermera Brenda Agüero por el asesinato de cinco bebés y las lesiones a otros ocho, el expediente permanece bajo revisión en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Los motivos del estancamiento radican en la catarata de apelaciones presentadas por las defensas de los exdirectivos del nosocomio y del Ministerio de Salud provincial. Para los familiares de las víctimas, este bache legal se traduce en una dolorosa realidad: mientras ellos lidian con ausencias irreparables, los responsables funcionales transitan el proceso en libertad, sin sentencias firmes y habilitados para continuar con sus actividades laborales.
Las consecuencias de esta parálisis judicial golpean con especial dureza el frente civil y el esquema de asistencia a los niños sobrevivientes. Madres de la causa denuncian que el Estado provincial ha cortado los canales de asistencia económica directa, dejando a las familias solas ante tratamientos médicos de altísima complejidad y costosos procesos terapéuticos. El trasfondo del reclamo expone secuelas físicas severas en los niños que lograron superar los ataques de 2022, que van desde parálisis parciales hasta severos traumas madurativos. Sin el resarcimiento económico que debe definir la Justicia y sumergidos en dilaciones burocráticas para conseguir turnos de especialidad en el sistema público, los padres enfrentan el desafío diario de sostener la salud de sus hijos con recursos propios, sintiendo que la reparación prometida quedó archivada tras las fotos del veredicto.
El impacto institucional de la causa mantiene activa la disconformidad de las querellas respecto de la cadena de responsabilidades políticas. Las familias insisten en calificar como un «atropello» la absolución por mayoría del exministro de Salud, Diego Cardozo, y mantienen bajo sospecha las reuniones previas entre funcionarios de primera línea y fiscales antes de que el caso tomara estado público en 2022. La persistencia del dolor, combinada con la falta de respuestas materiales y el limbo legal en el que se encuentran exdirectivos como Liliana Asís o Pablo Carvajal —quienes mantienen sus libertades bajo caución—, demuestra que el juicio penal funcionó como un veredicto social pero no como una solución efectiva. El caso Neonatal ingresa así a una etapa donde el paso del tiempo amenaza con desgastar el reclamo de una comunidad que exige que la justicia penal se transforme, finalmente, en un acto de verdadera reparación humana.

Más historias
Cadena de responsabilidades: las claves que expanden la causa en Villa de María del Río Seco
La integración cultural en Córdoba: el tejido socioeconómico tras la festividad de Urkupiña
Conflicto en el transporte: las claves del reclamo de la UTA a la Fatap y la expectativa por la conciliación