El fantasma del 15-F: por qué la Justicia intimó a la Provincia y los municipios por el riesgo de inundaciones

A partir de un amparo ambiental colectivo impulsado por vecinos y especialistas, la Cámara Contenciosa Administrativa fijó una audiencia clave entre el Gobierno de Córdoba y los municipios de la región. El reclamo exige articular alertas tempranas, simulacros y planes comunitarios ante la degradación de la cuenca y el fantasma de la tragedia de 2015.

La Justicia de Córdoba dio lugar a un amparo ambiental colectivo y convocó para el próximo 23 de septiembre a una audiencia obligatoria entre las autoridades del Gobierno provincial y los municipios de Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, Villa Allende, Saldán y La Calera. La medida judicial responde a la presentación realizada por organizaciones vecinales y ambientales —entre ellas la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam)— que alertan sobre el riesgo inminente que representa la llegada del fenómeno climático «Super-Niño», en un contexto de vulnerabilidad socioambiental agravado por el avance inmobiliario no controlado y la deforestación de las cuencas.

El fantasma del 15 de febrero de 2015 (15-F), cuando un evento de lluvias extremas causó ocho muertes y miles de damnificados, constituye el eje central del reclamo ciudadano. Según expusieron los amparistas y su representación legal, la situación de la cuenca hídrica de los ríos Ceballos y Saldán ha empeorado durante la última década debido a la falta de coordinación interjurisdiccional entre los gobiernos locales y la Provincia. Frente a los pronósticos de precipitaciones extraordinarias, los vecinos argumentan que la respuesta estatal continúa siendo fragmentaria y desarticulada del trabajo con las comunidades locales.

Entre los puntos peticionados por la vía judicial, se exige la unificación de un sistema regional de alerta temprana, la elaboración e instalación de cartelería con rutas de escape, la realización de simulacros periódicos ante posibles desbordes o eventuales fallas de infraestructura en el dique La Quebrada, y la asignación de partidas presupuestarias específicas. Los referentes ambientales enfatizan que la destrucción del bosque nativo por incendios y desmontes redujo la capacidad de absorción del suelo, por lo que resulta indispensable dotar a la población de herramientas de respuesta rápida para evitar un nuevo desastre humano y material.