Un relevamiento basado en datos del Banco Central expuso que más del 32% de los deudores de la provincia registran atrasos superiores a los 90 días. La herencia de las tasas críticas de 2025 y la necesidad de financiar el consumo corriente consolidan un escenario de mora tardía que equivale al 6,5% del PIB a nivel nacional.
El preocupante incremento de la irregularidad en el cumplimiento de los compromisos financieros en la provincia de Córdoba responde a una persistente combinación de desequilibrios macroeconómicos y un cambio forzado en los hábitos de endeudamiento familiar. Según registros de la autoridad monetaria procesados por consultoras privadas, 574.000 cordobeses se encuentran en situación de mora tardía, lo que representa algo más del 10% del total de los 5,3 millones de deudores en crisis que registra el país. Los motivos de este fenómeno radican en el fuerte encarecimiento del costo del dinero tras la crisis financiera preelectoral de 2025 y en un síntoma social alarmante: un volumen creciente de familias debió recurrir a líneas de financiamiento caras no para capitalizarse o adquirir bienes de consumo durable, sino para costear la compra diaria de alimentos no perecederos.
Las causas de esta vulnerabilidad exponen el comportamiento dispar del ecosistema según el tipo de canal financiero elegido por los usuarios. Mientras que el 19,2% de los deudores bancarios tradicionales presenta demoras razonables, la tasa de incumplimiento salta al 28,9% en el segmento de las plataformas tecnológicas y alcanza un crítico 96,4% en el universo de los proveedores no financieros, que incluye cooperativas, mutuales y tarjetas de afinidad comercial. El Ministerio de Economía asocia este escenario a un doble comportamiento de los tomadores de crédito: por un lado, quienes ingresaron en un círculo vicioso de refinanciación permanente a tasas nominales prohibitivas y, por el otro, quienes apostaron a una devaluación agresiva que licuara sus deudas en pesos, una expectativa cambiaria que no se convalidó en la economía real.
El trasfondo de esta encrucijada forzó al Gobierno nacional a ensayar mecanismos de rescate selectivos a través de la banca pública para evitar una parálisis total de la cadena de consumo. Ante la reticencia de los bancos privados para flexibilizar las condiciones de cobro, el ministro de Economía, Luis Caputo, articuló una línea de contingencia mediante el Banco Nación con tasas fijas del 65% anual y plazos extendidos de hasta 72 meses para consolidar pasivos. Al representar la deuda agregada de las familias un total de 74,2 billones de pesos —el equivalente al 6,5% del Producto Interno Bruto—, el auxilio estatal busca limpiar los balances domésticos y reintroducir a la población económicamente activa al circuito formal antes de que la morosidad estructural devenga en una contracción permanente de la demanda interna.
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