El costo político del caso Barrelier: el trasfondo de la purga y el apuro del PJ por cerrar la crisis

En una tensa reunión de comisión, el secretario de Administración, Sergio Lorenzatti, defendió la reforma del Estatuto Municipal y la baja de los funcionarios involucrados. Los bloques opositores cuestionaron con dureza la «cadena de mando» y aseguraron que el presunto femicida avanzaba hacia un contrato formal pese a sus antecedentes.

El impacto político del femicidio de Agostina Vega se trasladó por completo al Concejo Deliberante de Córdoba, donde el oficialismo debió reconocer fallas graves en los controles estatales. Durante su exposición ante la comisión de Legislación General, Sergio Lorenzatti validó la decisión del intendente Daniel Passerini de descabezar la cúpula de la Escuela de Tránsito, donde el acusado Claudio Barrelier se desempeñaba como becario. Los motivos de la comparecencia del funcionario radicaron en la necesidad de contener el costo político del caso y defender un proyecto de reforma exprés del Estatuto Municipal, el cual busca implementar controles semestrales de reincidencia y test de consumo de sustancias para evitar que personas con antecedentes penales se mantengan dentro de las dependencias públicas.

Las consecuencias de esta discusión legislativa abrieron un fuerte debate sobre las modalidades de precarización laboral dentro del municipio. Desde los bloques de la Unión Cívica Radical y el Frente Cívico denunciaron que, lejos de ser un agente aislado, Barrelier estaba incluido en la Resolución 1553/2026 para pasar de becario a contratado formal bajo el artículo 8°, un paso previo hacia la estabilidad en el Estado. El trasfondo del cuestionamiento opositor, liderado por la concejala Graciela Villata, apunta directamente a fallas en la cadena de mando y a una presunta red de encubrimiento político interno: la oposición cuestionó que el área no haya dado de baja inmediatamente al imputado a pesar de que una directora de la dependencia ya había informado formalmente que el hombre se encontraba detenido.

El impacto definitivo de este cruce institucional divide al Concejo en dos modelos contrapuestos para el control de los agentes públicos. Mientras el peronismo impulsa un esquema de actualización de antecedentes a cargo del propio trabajador, la UCR presentó un proyecto alternativo que invierte la carga de la prueba y exige que sea el propio Estado el que cruce datos de forma automática con el Poder Judicial. Con acusaciones cruzadas por la persistencia de contratos informales desde la gestión anterior, el caso Barrelier dejó de ser un expediente estrictamente policial para transformarse en una crisis de gestión de los recursos humanos, donde la oposición exige respuestas por escrito y el Ejecutivo intenta acelerar una reforma normativa que actúe como un cortafuegos ante el descontento social.