Un estudio de Varianza Consultora reveló que el 88% de las familias de Córdoba no logra generar excedentes mensuales y que el uso de la tarjeta de crédito mutó hacia el financiamiento de la subsistencia diaria. El estancamiento de los ingresos reales y las subas de tarifas consolidan un escenario de extrema vulnerabilidad financiera.
El drástico cambio en los patrones de consumo y financiamiento de los hogares de la provincia responde a un agotamiento de los presupuestos frente a una inflación que, aunque desacelera, corre muy por encima de los ingresos. De acuerdo con el último informe de Varianza Consultora, el 88% de los cordobeses ya no tiene capacidad de ahorro, un indicador que refleja el fin del margen financiero para las clases medias y populares. Los motivos de este quiebre económico radican en la necesidad de los hogares de consumir sus propias reservas para subsistir, al punto de que el 63% debió recurrir a ahorros previos durante el último año para abonar gastos de carácter corriente como alimentación, facturas de servicios públicos o combustibles.
Las causas de esta fragilidad sistémica combinan el retraso paritario con una peligrosa reconfiguración del endeudamiento privado. El relevamiento determinó que el 42% de la población destina más de la mitad de sus ingresos mensuales al pago de deudas y servicios, transformando al crédito en un mecanismo de subsistencia y no de progreso. El plástico bancario se consolidó como la principal herramienta para llegar a fin de mes: el 42% de sus usuarios la emplea exclusivamente para realizar las compras en el supermercado o pagar tarifas, desnaturalizando el uso histórico del instrumento, que estaba asociado a la adquisición de bienes durables o consumos extraordinarios.
La consecuencia directa de esta dinámica es un progresivo ahogamiento financiero que ya se traduce en morosidad y penalizaciones. El estudio advierte que solo el 32% de los titulares logra cancelar el saldo total de su tarjeta al vencimiento, mientras que el resto realiza pagos parciales, abona el mínimo o directamente cae en el impago, acumulando tasas de interés punitorias. Con un 34% de los encuestados que ya sufrió cortes de servicios públicos o bloqueos de cuentas bancarias en los últimos doce meses, la economía familiar cordobesa ingresa al segundo semestre en un estado de descapitalización que reduce a cero la tolerancia ante eventuales quitas de subsidios o nuevos shocks de precios.
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