El desabastecimiento de oxígeno medicinal y medicamentos esenciales, provocado por un mes de bloqueos de rutas ininterrumpidos, puso en jaque al sistema de salud pública boliviano. La crisis económica, la quita de subsidios al combustible y los giros políticos del mandatario de derecha detonaron una insurrección popular que ya se cobró las primeras vidas por falta de atención médica.
La drástica parálisis logística que mantiene aisladas a las principales ciudades de Bolivia responde a una violenta confluencia de reclamos económicos y conflictividad política que el gobierno central no ha logrado encauzar. Transcurridos los primeros 30 días de protestas y cortes de carreteras, el presidente del Colegio Médico Departamental de La Paz, Luis Larrea, advirtió que los centros de salud se encuentran en una situación límite por la falta de insumos críticos. La causa más trágica de esta contingencia ya se tradujo en el fallecimiento de al menos cuatro pacientes —entre ellos un niño de 12 años en Potosí— que murieron dentro de ambulancias al verse impedidos de trasponer los piquetes montados por organizaciones indígenas, campesinas y de transportistas, lo que motivó masivas movilizaciones del personal sanitario exigiendo una «pausa humanitaria» urgente.
Los motivos que encendieron esta insurrección de base civil —calificada por Colombia como un estallido popular y por Estados Unidos como una maniobra de desestabilización— radican en un profundo sentimiento de desencanto y vulnerabilidad económica entre las clases bajas. Apenas seis meses después de asumir el poder con el respaldo de sectores que antes votaban al Movimiento al Socialismo (MAS), el presidente derechista Rodrigo Paz fracturó su alianza electoral al marginar a los líderes indígenas del gabinete y avanzar con un proyecto de reforma agraria percibido por los campesinos como una amenaza a sus tierras. El detonante definitivo fue el ordenamiento fiscal interno: la eliminación del subsidio a los combustibles, que disparó los precios de las naftas hasta un 90% y sumió al mercado de transporte en un esquema de desabastecimiento crónico y sobrecostos operativos insostenibles.
Frente a un escenario de asfixia que la Cámara de la Industria Farmacéutica describe como crítico por las toneladas de medicamentos varadas en los caminos, el plano institucional se encamina hacia una peligrosa autocracia de emergencia. Paz denunció un intento de quiebre democrático orquestado desde la clandestinidad por el expresidente Evo Morales —actualmente prófugo de la justicia— y logró que el Congreso eliminara las trabas legislativas que le impedían declarar el estado de excepción y desplegar militares sin control parlamentario. A pesar de que el Ejecutivo intentó desactivar la furia callejera con aumentos del salario mínimo, bonos de contingencia y la derogación de la ley agraria, el malestar social y la ruptura con su exvicepresidente Edmand Lara obturaron los canales de negociación, dejando al país «al borde del precipicio» ante el inminente desabastecimiento de oxígeno en las terapias intensivas.

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