La decisión del Gobierno nacional de vaciar y subastar el histórico complejo hotelero responde a un cambio de paradigma ideológico y fiscal. El impacto del despido total de la planta operativa y la reconversión del predio público en desarrollos privados reconfiguran la matriz económica de la región.
La parálisis total y el inicio del proceso de privatización de la Unidad Turística Embalse no constituyen un hecho aislado, sino la ejecución material de un cambio profundo en la concepción del rol del Estado. Tras más de ocho décadas de vigencia, el complejo fundado en la década de 1940 dejó de ser considerado un instrumento de bienestar social para pasar a ser catalogado bajo la óptica oficial como un pasivo fiscal ineficiente. La Agencia de Administración de Bienes del Estado ($AABE$) activó formalmente la desafectación de los inmuebles con un objetivo estrictamente financiero: captar inversiones corporativas y recaudar un piso mínimo de 40 millones de dólares mediante la subasta de sus siete hoteles principales y un núcleo de 50 casas residenciales.
Las causas de este desmantelamiento combinan la necesidad del Ejecutivo nacional de exhibir disciplina fiscal con el interés del mercado desarrollador por una de las tierras más cotizadas del mapa cordobés. Los informes técnicos indican que los planes de enajenación abren las puertas a un cambio radical en el uso del suelo, proyectando la creación de barrios privados, clubes de campo y complejos náuticos exclusivos a la vera del lago de Río Tercero. La viabilidad de este negocio requería, desde la lógica oficial, desactivar los subsidios y la estructura administrativa preexistente, lo que explica por qué el flujo de beneficiarios se derrumbó de 31.899 turistas en 2023 a apenas 2.846 plazas cubiertas antes del cese de actividades.
La contracara operativa de esta privatización fue la erradicación de la planta de trabajadores, un movimiento que los gremios estatales califican como inédito para la historia de la región. El mecanismo de desvinculación masiva diseñado por la Jefatura de Gabinete combinó la rescisión inmediata de 14 contratos con el pase a disponibilidad administrativa de 30 agentes de planta permanente. Este estatus legal coloca a los empleados en un limbo de seis a doce meses previo a la cesantía definitiva, disolviendo de manera total la fuerza laboral que garantizaba el mantenimiento y la hotelería en el predio.
El cierre de los hoteles estatales abre un complejo dilema económico y social para el departamento Calamuchita. El intendente local, Mario Rivarola, advirtió sobre el violento impacto que representa la pérdida de estos empleos y la supresión del turismo popular para el comercio minorista de la zona, una matriz que dependía directamente de la dinámica del complejo. Mientras el predio queda reducido a un esquema de guardias mínimas para evitar ocupaciones o el saqueo de sus instalaciones, la reconversión de la Unidad Turística Embalse simboliza el triunfo de la lógica del valor inmobiliario por sobre la histórica política de subsidios al ocio popular, transformando un emblema del derecho al descanso en un activo de alta gama para el capital privado.
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