El oficialismo y la oposición sellaron un amplio consenso para reformar el Código Procesal Penal de la provincia. La normativa, impulsada tras el crimen del adolescente Joaquín Sperani en Laboulaye, consagra un nuevo Régimen de Protección que obliga a jueces y fiscales a oír a los afectados antes de dictar excarcelaciones o morigeraciones de pena.
La Legislatura de Córdoba sancionará este jueves con un respaldo casi unánime la denominada «Ley Joaquín», una reforma estructural al Código Procesal Penal (Ley 8.123) que introduce un viraje de paradigma en la justicia penal cordobesa. El proyecto, impulsado por el gobernador Martín Llaryora y acelerado por la persistente demanda de los padres de Joaquín Sperani —el menor asesinado en 2023 por otro adolescente en Laboulaye—, consta de 40 artículos que buscan transformar las declaraciones de derechos en herramientas operativas y exigibles para quienes sufren las consecuencias del delito.
El núcleo de la reforma radica en que la voz de la víctima dejará de ser un elemento secundario dentro de los expedientes. A partir de la vigencia de la norma, los magistrados y fiscales estarán obligados a notificar y escuchar formalmente a los afectados antes de tomar definiciones procesales críticas, tales como el otorgamiento de prisiones domiciliarias, suspensiones de juicio a prueba (probation) o cualquier instancia que modifique la situación de encierro del imputado. Además, el texto aprobado ratifica un punto de alta sensibilidad jurídica: la facultad de las víctimas de constituirse como querellantes particulares aun cuando el acusado sea un menor de edad, una herramienta diseñada para subsanar el vacío de contención estatal denunciado en el caso testigo que da nombre a la ley.
A pesar de la fuerte polarización política que caracteriza al período legislativo 2026, el debate en las comisiones de Seguridad y Legislación General mostró una inusual permeabilidad entre los bloques. La oposición, liderada por la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente Cívico, logró incorporar capítulos específicos para robustecer la protección frente a casos de violencia institucional —donde existe una asimetría manifiesta de poder por parte de funcionarios públicos— y forzó el compromiso para una futura discusión integral del régimen penal juvenil de la provincia.
No obstante, el acompañamiento en el recinto no disipará los pases de factura políticos. Desde el juecismo cuestionaron con dureza lo que denominaron un «largo silencio» del Ejecutivo, recordando que Córdoba se mantuvo al margen de la Ley Nacional de Protección a Víctimas sancionada en 2017 y que la reacción oficial demoró casi tres años desde el homicidio de Sperani. Con esta sanción, el oficialismo provincial busca exhibir una respuesta institucional contundente ante el reclamo de seguridad y justicia, alineando los estándares procesales cordobeses con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y contención civil.
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