Asimetría agraria: por qué la baja de retenciones de Milei no logra compensar la explosión de costos en el campo

El anuncio del Gobierno nacional sobre un esquema de reducción gradual y condicionada de los derechos de exportación para los principales cultivos encendió luces de alerta y matices críticos en el entramado agropecuario del interior profundo. La ingeniería fiscal diagramada por la administración de Javier Milei contempla un recorte inicial de dos puntos para el trigo y la cebada a partir de junio, extensible desde 2027 de manera progresiva a granos gruesos como maíz, sorgo y girasol, además de una baja mensual de un cuarto de punto para la soja. No obstante, la fisonomía del plan expone una fuerte asimetría frente a la dinámica real de los costos de producción y la presión inflacionaria internacional en los insumos clave.

Desde la óptica de los productores de la región pampeana, la medida es catalogada como una señal de orientación conceptual correcta pero operativamente insuficiente para corregir el desequilibrio de rentabilidad. Análisis técnicos del sector privado, reflejados por referentes agrarios como el productor y exdirectivo de Cartez Néstor Roulet, evidencian que los costos totales por hectárea se dispararon de US$ 320 a casi US$ 400 —un incremento promedio del 16% impulsado por el encarecimiento de fertilizantes derivados del petróleo, agroquímicos y la labranza asociada al gasoil—. Frente a esta escalada, el impacto del alivio fiscal inmediato en el trigo se estima en apenas US$ 15 adicionales por hectárea, un margen equivalente a una compensación del 2,5% que es neutralizado con rapidez por la estructura de costos fijos y variables antes de que la cosecha ingrese al circuito comercial.

El debate adquiere además una espesa densidad política por dos factores concurrentes. Por un lado, la supeditación de la continuidad del cronograma de rebajas (proyectado hasta 2028) a la concreción de reformas estructurales y a un eventual segundo mandato presidencial genera preocupación por la falta de previsibilidad jurídica, un reclamo que el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, tradujo en la necesidad de consolidar el esquema mediante normativas de estabilidad fiscal a largo plazo. Por el otro, el malestar subyacente radica en el mantenimiento del carácter distorsivo del tributo; el asociacionismo rural insiste en que la remoción total de las retenciones generaría un shock reactivador de las economías regionales cuya devolución en recaudación vía Ganancias, Bienes Personales e impuesto al cheque compensaría con creces el costo fiscal marginal que hoy el Poder Ejecutivo busca retener para resguardar el superávit de las cuentas públicas.