La definición de la paritaria docente este lunes trasciende lo salarial para convertirse en un termómetro de la gobernabilidad provincial. Con una Córdoba partida entre el interior que acepta y la Capital que resiste, el Gobierno se juega su capacidad de imponer orden fiscal sin romper el diálogo con las bases.
Este lunes 20 de abril, la Asamblea Provincial de la UEPC no solo cuenta votos; mide fuerzas. La división detectada en las asambleas previas —donde 14 departamentos dieron el visto bueno y 12 se mantuvieron en el rechazo— expone un mapa político interno donde el peso de la «Capital» y los distritos más grandes amenaza con bloquear la estrategia de «paz social» que el gobernador Martín Llaryora intenta consolidar.
El mapa del poder: Interior vs. Capital
El escenario actual refleja una tensión estructural en la política cordobesa:
- El «Efecto Interior»: Los 14 departamentos que aceptan representan la Córdoba que busca previsibilidad. Para el Ejecutivo, este aval es el resultado de un intenso trabajo de pinzas con los jefes territoriales para evitar que el conflicto escale fuera de las aulas.
- El «Bastión Capital»: El rechazo liderado por la delegación Capital no es solo económico; es político. La fuerte presencia de sectores opositores a la conducción de Roberto Cristalli convierte a la paritaria en un campo de batalla por el control del gremio, desafiando directamente la autoridad del Centro Cívico.
La apuesta de Llaryora: Orden fiscal o conflicto abierto
Para el Gobierno, la paritaria docente es la primera ficha del dominó. La estrategia política detrás de la oferta mejorada tiene objetivos claros:
- Disciplinar la expectativa: Tras anunciar un recorte del 10% en el gasto operativo, Llaryora necesita demostrar que tiene la «llave» de las paritarias. Un acuerdo hoy cerraría la puerta a reclamos desmedidos de otros sectores estatales.
- Evitar la «foto del paro»: En un momento donde Córdoba busca proyectar una imagen de gestión eficiente y ordenada frente al caos nacional, una huelga docente prolongada sería un costo político que el gobernador quiere evitar a toda costa.
- La Conciliación como última ratio: En los pasillos del Ministerio de Justicia y Trabajo ya se baraja el escenario de la conciliación obligatoria. Políticamente, sería un reconocimiento de que el diálogo se agotó, una herramienta que el Gobierno prefiere reservar para no tensionar aún más la cuerda con las bases.
¿Humo blanco o plan de lucha?
Si la Asamblea logra imponer la aceptación, Llaryora anotará un triunfo político clave: habrá logrado pasar el invierno salarial con un gremio históricamente complejo. Si se impone el rechazo, el conflicto entrará en una fase de judicialización y endurecimiento que pondrá a prueba la resistencia del «modelo cordobés» de gestión.
La jornada de hoy definirá si el Ejecutivo provincial puede seguir gobernando con acuerdos sectoriales o si deberá gestionar bajo el signo de la confrontación permanente con el sector público.
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