¿Prohibición de razas o falta de control? El debate que divide a veterinarios y políticos

Con 12 ataques graves o fatales registrados en Córdoba en lo que va de 2026, especialistas y veterinarios advierten que las leyes vigentes fallan por falta de reglamentación y control en el territorio. Mientras la Legislatura reimpulsa proyectos para prohibir la cría y endurecer penas, expertos reclaman priorizar la educación del tutor, las sanciones económicas y la tenencia responsable sobre el estigma de las razas.

La reiteración de episodios trágicos por ataques de perros potencialmente peligrosos (PPP) en la provincia de Córdoba reabrió un intenso debate sobre la efectividad del marco regulatorio existente. A pesar de contar con la ley provincial 9.685 —sancionada en 2009 pero aún sin reglamentación plena— y ordenanzas municipales como la 13.321, que creó un registro de caninos de gran porte, en lo que va de 2026 ya se contabilizan 12 ataques con lesiones severas o muertes. Este escenario evidencia una brecha crítica entre la producción legislativa y la capacidad operativa del Estado para controlar y prevenir en la vía pública.

Desde el ámbito técnico, referentes del Colegio Médico Veterinario de Córdoba y especialistas en etología señalan que la respuesta no debe centrarse exclusivamente en el proteccionismo o en la prohibición punitiva de razas específicas como pitbulls o dogos. Los profesionales sostienen que cualquier ejemplar de más de 15 kilos o mestizo de gran porte puede transformarse en un riesgo si carece de socialización, límites y manejo adecuado por parte de sus tenedores. En ese marco, advierten que iniciativas como las plataformas de registro de denuncias pierden eficacia sin inspecciones domiciliarias, controles en cerramientos y una aplicación efectiva de multas económicas a los tutores irresponsables.

Fante a la presión social, el ámbito político reaccionó con la presentación de múltiples proyectos en la Unicameral y en el Concejo Deliberante para prohibir criaderos clandestinos, clausurar la comercialización y aumentar las penas por maltrato y negligencia. En paralelo, la Policía de la Provincia instruyó a sus efectivos para labrar actas contravencionales y proceder al secuestro preventivo de animales sueltos en la vía pública. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil y los profesionales coinciden en que la solución estructural exige campañas de concienciación obligatorias, mayor descentralización de las castraciones y una infraestructura municipal con capacidad real para albergar a los canes secuestrados antes de que ocurra una nueva tragedia.