Los planes de la Casa Rosada para desactivar el balotaje y cambiar el mapa hacia 2027

El oficialismo diseña un plan para traducir la estabilidad macroeconómica en alivio al bolsillo, impulsa modificaciones al sistema de balotaje y redefine su alianza con gobernadores clave como Martín Llaryora para blindar la reelección de Javier Milei.

Con la atención pública centrada transitoriamente en el plano deportivo, el gobierno nacional acelera el diseño de su estrategia política para el mediano y largo plazo. Conscientes de que el entusiasmo social será efímero y ante encuestas que reflejan niveles de rechazo cercanos al 60%, en el entorno de Javier Milei dan por iniciada la campaña hacia la reelección de 2027. La mesa política de la Casa Rosada —comandada por Karina Milei y con un rol cada vez más central del jefe de Gabinete, Diego Santilli— concluyó que el equilibrio fiscal y la baja de la inflación ya no bastan como únicos activos electorales. Por ello, el Ejecutivo prepara un giro discursivo y operativo enfocado en impulsar el consumo, el empleo formal y el crédito privado, buscando instalar una percepción de mejora real en los ingresos de los hogares.

El segundo componente de la estrategia oficial se juega en el plano de las reglas institucionales. Los asesores presidenciales ven con preocupación que el actual sistema electoral pueda transformarse en una trampa para las aspiraciones libertarias en un eventual balotaje. En consecuencia, el Gobierno busca impulsar una reforma política antes de las elecciones presidenciales, evaluando alternativas que van desde la eliminación definitiva de las PASO hasta modificaciones en las mayorías necesarias para evitar la segunda vuelta. El objetivo técnico es ampliar la base de sustentación de La Libertad Avanza en la primera vuelta y reducir los márgenes de error frente a una oposición que intente articular un frente unificado.

De manera paralela, la conducción nacional redefinió por completo su vínculo con los mandatarios provinciales, abandonando la confrontación abierta del primer tramo de la gestión por una lógica de acuerdos de gobernabilidad duraderos. Esta tregua es especialmente visible en la relación con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, un distrito considerado crucial para el ecosistema electoral libertario. Aunque el peronismo cordobés califica el trato como estrictamente «institucional», la Casa Rosada ha enviado fuertes guiños políticos, incluyendo la transferencia de fondos específicos y la decisión táctica de retirar el sello de La Libertad Avanza en comicios locales (como ocurrió en Marcos Juárez) para evitar fisuras que beneficien al kirchnerismo.

Para maximizar esta sintonía, Llaryora movió sus piezas este viernes y designó a Manuel Calvo como nuevo jefe de Gabinete cordobés, un cargo creado para centralizar la coordinación política y acechar el vínculo directo con Diego Santilli en Buenos Aires. No obstante, este pragmatismo entre las cúspides del poder genera tensiones hacia el interior de las fuerzas territoriales. El diputado nacional por Córdoba, Gabriel Bornoroni, salió al cruce de los rumores de un pacto de no agresión de cara a 2027 y ratificó que la intención de los libertarios puros sigue siendo desalojar al peronismo local tras casi tres décadas de hegemonía, abriendo la puerta a una coalición opositora provincial junto al senador Luis Juez y sectores del radicalismo.