El desplome de la asistencia social nacional y el aumento de la marginalidad transforman la geografía urbana de la provincia. La parálisis de los comedores populares, el aumento de la demanda en el Paicor y un incremento del 492% de personas en situación de calle exponen la gravedad de la crisis.
La disolución de las bases materiales y el tejido social de Córdoba encuentra su manifestación más dramática en el crecimiento exponencial de la indigencia y la exclusión. El retiro definitivo de las transferencias de alimentos por parte del Gobierno nacional, sumado a la reconversión de los programas de empleo y la pérdida de poder adquisitivo, ha dejado desamparada a una masa crítica de ciudadanos que hoy dependen de manera exclusiva de la asistencia comunitaria y escolar para cubrir sus necesidades nutricionales básicas. El análisis territorial de la vulnerabilidad en la capital mediterránea revela que la frontera de la pobreza estructural ya no solo alcanza a los sectores históricamente postergados, sino que arrastra de forma acelerada a adultos mayores y familias enteras de clase media hacia la indigencia y la vida en la calle.
El impacto del torniquete social se percibe con nitidez en la red de comedores y merenderos que intentan contener la demanda en los barrios periféricos. En la Asamblea La Poderosa de Barrio Yapeyú, las referentes territoriales denuncian que la falta de insumos estatales las obligó a reducir los días de funcionamiento a pesar de atender a más de 300 comensales por jornada, con una creciente y preocupante presencia de niñeces y jubilados. Ante la caída de las donaciones de una clase media también precarizada, la subsistencia depende del trabajo no remunerado de las propias vecinas y del endeudamiento, un escenario de fragilidad que el crimen organizado aprovecha para disputar el control territorial ante la ausencia del Estado. Esta realidad se replica en el sistema educativo: directivos de escuelas del noroeste capitalino informan que la asistencia al comedor del Paicor se duplicó en los últimos dos años, convirtiéndose para la mayoría de los alumnos en la única comida diaria garantizada.
La manifestación más extrema de esta crisis socioeconómica se observa en los espacios públicos de la ciudad. Estadísticas de la Subsecretaría de Emergencia e Intervención Social de la Municipalidad de Córdoba confirman un incremento del 492% en el número de personas en situación de calle entre 2020 y 2025, un fenómeno que en 2026 adquirió un carácter inédito con la aparición de familias y adultos mayores expulsados del mercado formal de alquileres tras sufrir el desalojo de sus viviendas. Al drama del frío y la violencia de la intemperie se suma el avance de consumos problemáticos de extrema letalidad y bajo costo, como el «pipazo» o alcoholes de venta libre no aptos para el consumo humano, utilizados por los sectores más vulnerables como un recurso desesperado para mitigar la sensación de hambre.
Frente a un escenario epidemiológico y social que satura las herramientas de contención locales, las respuestas institucionales operan como paliativos de emergencia que no logran revertir la tendencia de fondo. Si bien en Córdoba se mantienen activos más de 2.300 espacios alimentarios y el Paicor distribuye 320.000 raciones diarias en toda la provincia, la red de contención civil y religiosa se encuentra desbordada. El reciente acuerdo entre el Arzobispado y el municipio para construir un refugio con capacidad para 100 personas representa una respuesta necesaria ante la contingencia invernal, pero resulta estructuralmente insuficiente para absorber a una población en constante aumento. En la Córdoba de 2026, la profundidad de la recesión económica ha roto los amortiguadores sociales tradicionales, transformando el paisaje urbano e instalando la emergencia humanitaria en el centro de la agenda pública.

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