El parlamentario departamental por Río Seco presentó su dimisión indeclinable luego de que un asesor de su equipo quedara detenido en una causa de grooming y explotación sexual infantil. La renuncia se produjo tras la polémica aprobación de una licencia de seis meses y una inusual toma de posición pública por parte de la senadora Alejandra Vigo, opuesta a la línea trazada por el gobernador Martín Llaryora.
El bloque oficialista en la Legislatura de Córdoba busca reconfigurar su agenda política tras la renuncia indeclinable presentada por el legislador oficialista Ramón “Cañito” Flores (departamento Río Seco). La dimisión del cacique peronista se oficializó tras días de intensa controversia política derivada de la detención de uno de sus asesores directos en el marco de una investigación judicial por grooming, abuso sexual y presunta explotación sexual infantil en el norte de la provincia, causa que involucra a otras 14 personas aprehendidas.
La salida de Flores se produjo luego de que la bancada del Partido Justicialista le otorgara inicialmente una licencia por seis meses, medida que generó duras críticas de la oposición y reclamos para su inmediata expulsión. La crisis escaló al ámbito interno del oficialismo cuando la senadora nacional Alejandra Vigo declaró públicamente que el parlamentario debía renunciar, marcando una visibilidad de criterios contrapuesta a la del gobernador Martín Llaryora, quien habitualmente sostiene la presunción de inocencia de los funcionarios cuestionados hasta la existencia de pronunciamientos judiciales formales.
En su escrito de renuncia ingresado a través del sistema CIDI, Flores negó las imputaciones, sostuvo que fue blanco de una «campaña de difamación y descalificación personal» promovida por sectores de la política local y afirmó que dimite para «preservar la tranquilidad, la dignidad personal y el respeto por las instituciones». Tras la renuncia, el Panal intenta retomar la agenda legislativa con el tratamiento del proyecto Alivio Cordobés, la designación de Guillermo Arias como Juez Electoral y la adecuación al Régimen Penal Juvenil. En paralelo, desde la oposición, el dirigente Rodrigo de Loredo impulsó un pedido de juicio político contra la vicegobernadora y presidenta de la Unicameral, Myrian Prunotto, acusándola de mal desempeño en la supervisión de contrataciones e irregularidades administrativas.
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