Frente al intento de La Libertad Avanza de imponer una ley permanente que reemplace el esquema tutelar vigente, los diputados del cordobesismo firmaron el dictamen opositor. Para la administración de Córdoba, la agenda representa un activo político para marcar un límite claro a la Casa Rosada sin romper el diálogo institucional.
El debate parlamentario sobre la politica nacional de discapacidad volvió a evidenciar las fragilidades de La Libertad Avanza para construir consensos en el Congreso de la Nación. Luego de los cuestionamientos derivados de los recortes planteados en el proyecto de Presupuesto 2027 —que afectaban pensiones, aranceles y el nomenclador del sector—, el oficialismo debió dar un giro táctico en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto. LLA logró imponer un dictamen de mayoría de 42 firmas con el aval del PRO, la UCR y el MID para promover un nuevo régimen permanente, pero no logró alinear al bloque de Provincias Unidas que responde al gobernador Martín Llaryora, cuyo espacio se mantuvo firme en el dictamen opositor para prorrogar la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
Los legisladores cordobeses Ignacio García Aresca y Carolina Basualdo rehusaron acompañar la iniciativa libertaria al argumentar que el Gobierno nacional ha mostrado sistemáticos incumplimientos a la normativa actual, desoyendo incluso fallos judiciales. Desde la perspectiva estratégica del Centro Cívico, la temática ofrece un terreno idóneo para que el oficialismo provincial consolide un perfil diferenciado del modelo libertario mediante la bandera de la protección social, sosteniendo una relación pragmática con el Poder Ejecutivo Nacional que evita la confrontación directa pero fija límites precisos en materia asistencial.
En el plano ejecutivo, la posición de los parlamentarios fue respaldada por la secretaria de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, Liliana Montero, quien advirtió sobre las contradicciones entre el discurso desregulador y las tijeras presupuestarias. Montero enfatizó que un régimen definitivo requiere de una construcción federal con financiamiento asegurado y que, en la coyuntura actual, levantar la emergencia dejaría en un vacío de cobertura a las personas con discapacidad, las familias y los prestadores del sistema.
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