La instalación de campamentos de emergencia en la frontera norteafricana provocó estampidas y disparos al aire mientras diez mil personas continúan varadas tras la irrupción masiva de julio. La oposición del PP y Vox califica la situación como una crisis de seguridad nacional y presiona al presidente Pedro Sánchez por las devoluciones.
La crisis migratoria y humanitaria que afecta a la ciudad autónoma de Ceuta alcanzó un nuevo nivel de fricción tras el operativo desplegado para trasladar a miles de personas desde los asentamientos precarios en las playas hacia un complejo de carpas en el puerto local. El desplazamiento de más de dos mil migrantes —en su mayoría de origen marroquí y subsahariano— desencadenó corridas, momentos de sofocación y la intervención de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que debieron efectuar disparos disuasivos al aire para restablecer el orden ante el colapso del cupo operativo de 1.700 plazas. El episodio dejó a más de dos mil personas a la intemperie y puso en evidencia el agotamiento de los recursos logísticos del enclave español en suelo africano tras la entrada masiva de unos 80.000 migrantes registrada a fines de julio.
El desbordamiento del enclave reavivó una intensa batalla parlamentaria en Madrid. Desde el Partido Popular (PP) y la agrupación Vox, los líderes opositores, encabezados por Alberto Núñez Feijóo, calificaron la situación en Ceuta como un «ataque a la integridad territorial» y exigieron activar de inmediato los protocolos de expulsión y repatriación masiva, acusando al Palacio de la Moncloa de incompetencia en el control de las fronteras exteriores. En contraposición, el Gobierno conducido por Pedro Sánchez busca transferir la responsabilidad del resguardo y la acogida de los más de mil menores no acompañados a las comunidades autónomas, argumentando competencias regionales, mientras la bancada progresista le recrimina al Ejecutivo central su reticencia a exigir mayores compromisos de contención fronteriza al reino de Marruecos.
El estancamiento institucional coloca a la coalición del PSOE en un escenario de creciente fragilidad política. A la presión de los partidos conservadores se suman los reparos de sus propios aliados parlamentarios y las advertencias de los sindicatos policiales sobre los riesgos de seguridad que implica albergar a miles de personas en infraestructuras críticas del puerto ceutí. Con las capacidades de acogida declaradas formalmente completas y sin un acuerdo de redistribución de menores entre las distintas regiones de España, la crisis en la frontera sur expone un conflicto de competencias que amenaza con erosionar aún más la cohesión del oficialismo en el Congreso.
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