El ministro de Economía, Guillermo Acosta, descartó la necesidad de asistencia financiera de la Casa Rosada y defendió el superávit local. Ante la recesión industrial, la provincia apuesta a la previsibilidad y a la inserción en el mercado energético para sostener su autonomía.
La firme postura de Córdoba de rechazar auxilios económicos de la Nación responde a una estrategia de previsibilidad fiscal planificada con anticipación. El ministro de Economía provincial, Guillermo Acosta, afirmó que la provincia no ha recibido ayuda del Tesoro Nacional ni solicitará adelantos de coparticipación. La causa principal de esta solvencia radica en que el gobierno ya tenía proyectada la caída real de la recaudación, lo que permitió reordenar los gastos a tiempo para mantener el superávit sin paralizar la obra pública ni la inversión social.
Este blindaje ocurre en un marco de actividad económica flaca, con las industrias automotriz y metalmecánica atravesando un bache operativo complejo. Ante la crisis del consumo interno, la provincia impulsa un canal de escape productivo: conectar a las pymes locales con la cadena de valor de Vaca Muerta en Neuquén. En el plano impositivo, el Panal mantiene la cautela ante el reclamo empresarial de una baja de tributos, condicionando futuros alivios fiscales a la evolución de las cuentas y recordando que Córdoba ostenta la menor tasa efectiva de Ingresos Brutos entre las grandes provincias.
El equilibrio local se apoya además en la regularización del frente previsional, tras cerrar un acuerdo con la ANSES que garantiza 12 cuotas mensuales de 10.000 millones de pesos para la Caja de Jubilaciones, lo que permite auditar los déficits históricos acumulados desde 2017. Sin embargo, persiste una tensión silenciosa en el gasto sanitario, donde el sistema de salud pública cordobés está absorbiendo un fuerte aumento en la demanda de afiliados de PAMI, un costo financiero que actualmente cubre la Provincia mientras gestiona los lentos mecanismos de reintegro por parte del Estado nacional.
En última instancia, el ordenamiento de las cuentas funciona como un activo de negociación política. Mientras otras jurisdicciones sufren problemas de liquidez por el recorte de las transferencias centrales, el gobierno de Córdoba utiliza su ahorro corriente como un escudo protector. Al demostrar capacidad de autofinanciarse en un año recesivo, la gestión local consolida un modelo de autonomía que le permite interactuar con la Casa Rosada desde una posición de fortaleza institucional y no de vulnerabilidad financiera.
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