La confirmación del deceso de Tomás Orihuela, de 19 años, tras permanecer en coma en el Hospital Eva Perón, ha desatado una crisis que involucra tanto a la cúpula policial como al Ministerio de Seguridad de la provincia. Mientras la versión oficial apunta a un intento de suicidio dentro de una celda de barrio General Paz, la familia denuncia un caso de abuso y persecución policial. La fiscalía de Andrés Godoy busca ahora determinar si existió responsabilidad por acción u omisión por parte de los cinco efectivos investigados.
El caso de Orihuela expone las costuras de un sistema de seguridad que, en la práctica, parece operar con una inercia peligrosa. El joven fue detenido dos veces en apenas 48 horas por pedidos de captura que, según la defensa, ya estaban resueltos o eran inexistentes en la realidad jurídica actual, aunque seguían figurando en el sistema operativo policial.
1. El laberinto de las detenciones y el fallo del sistema
La génesis del conflicto radica en una «alerta positiva» que nunca se dio de baja.
- Pedidos de captura «fantasma»: Orihuela tenía antecedentes por estafas y un pedido de Entre Ríos que databa de 2025. Aunque el joven ya había cumplido un juicio abreviado por la causa local y la orden de Entre Ríos se habría levantado hace meses, el sistema policial local recién registró la baja este lunes, horas después del incidente en la celda.
- Saturación en las comisarías: El ministro Juan Pablo Quinteros admitió que los plazos de detención en unidades judiciales y comisarías son excesivos debido a la saturación del sistema. La pregunta que la justicia debe responder es: ¿por qué un joven con trámites resueltos pasó tantas horas en una celda común en lugar de ser trasladado o liberado?
2. Versiones contrapuestas: ¿suicidio o violencia institucional?
La brecha entre el informe policial y el relato familiar es total.
- La versión oficial: Sostiene que los agentes hallaron al joven intentando ahorcarse con un buzo y que su rápida intervención permitió reanimarlo antes del traslado al hospital. Según el Ministerio, los primeros informes médicos no mostrarían signos de maltrato físico previo.
- La denuncia familiar: Mariana y Sonia, hermana y madre de Tomás, aseguran que el joven fue víctima de una golpiza que derivó en un edema cerebral. «La policía sabe dónde pegar para no marcar», sostienen, descreyendo de la posibilidad de un suicidio dadas las circunstancias de su inminente liberación.
3. La prueba técnica: cámaras y celulares bajo la lupa
La fiscalía ha secuestrado material clave que definirá el futuro de los cinco uniformados involucrados:
- Registros fílmicos: Se analizan las cámaras internas de la Comisaría Nº 6 para verificar los tiempos de custodia y el momento exacto del hallazgo.
- Telefonía móvil: El secuestro de los celulares de los oficiales busca reconstruir las comunicaciones internas durante la noche del sábado, intentando detectar posibles irregularidades en el reporte del incidente.
Escenarios: el costo de la desconfianza social
La muerte de Orihuela ha generado incidentes en el Hospital Eva Perón y cortes de ruta reprimidos por la fuerza, lo que evidencia un clima de alta tensión social en los barrios periféricos. Para el Gobierno provincial, el desafío es garantizar una transparencia absoluta; cualquier sospecha de encubrimiento podría profundizar la grieta entre la institución policial y la comunidad. El compromiso de Quinteros con la «verdad» será puesto a prueba por los resultados de la autopsia, que en última instancia, será la que determine si la causa de la muerte fue una decisión desesperada en la soledad de una celda o el resultado de un exceso de fuerza en un sistema que no supo actualizar sus propios archivos.
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