Tras la decisión de la Casa Rosada de flexibilizar los cortes de bioetanol y biodiésel, el Gobierno de Córdoba lidera el pedido de un marco regulatorio sólido. El trasfondo de una industria que demanda reglas claras para invertir en el valor agregado de la soja y el maíz, en medio de una transición energética incierta.
La reciente resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, que permite una mayor discrecionalidad en los porcentajes de mezcla de biocombustibles, ha reavivado un conflicto latente entre las provincias productoras y el Gobierno Central. Para Córdoba —el mayor productor de bioetanol de maíz del país, la falta de una ley de fondo que garantice cortes mínimos estables no solo desalienta la inversión privada, sino que pone en riesgo la supervivencia de un ecosistema industrial que procesa el grano donde se produce, evitando la primarización de las exportaciones.
La trampa de la flexibilización
El eje del conflicto radica en la naturaleza de las medidas tomadas por la Nación. Al flexibilizar los cortes, el Estado nacional adquiere la potestad de reducirlos según la conveniencia del mercado de hidrocarburos o la disponibilidad de divisas, lo que genera un escenario de «incertidumbre operativa» para las plantas procesadoras.
Los puntos críticos que fundamentan el reclamo cordobés son:
- Seguridad Jurídica: Las inversiones en plantas de bioetanol son de capital intensivo y largo plazo. Sin una ley que fije un piso de mezcla (hoy en torno al 12% para naftas), las empresas no pueden proyectar amortizaciones ni ampliaciones de capacidad.
- Soberanía Energética y Ambiental: El uso de biocombustibles reduce la dependencia de la importación de combustibles fósiles y cumple con los compromisos de descarbonización. Córdoba argumenta que retroceder en los cortes es ir a contramano de la tendencia global de transición energética.
- Desarrollo Regional: A diferencia del petróleo, los biocombustibles generan arraigo. Las plantas se radican en el interior provincial, creando empleo calificado y demandando servicios locales, lo que fortalece el tejido social de las comunidades rurales.
El frente de la Región Centro
El reclamo no es solitario. Córdoba actúa en bloque con Santa Fe (líder en biodiésel de soja) y Entre Ríos, conformando una liga de provincias que buscan un «modelo brasileño» de mayor integración. La estrategia política es clara: elevar el corte de manera gradual hasta alcanzar niveles que permitan un ahorro real de divisas y una mejora en la calidad del aire.
Desde una óptica económica, la pulseada también tiene un componente de precios. La industria bioenergética local compite indirectamente con las refinadoras de petróleo por el cupo en el surtidor. Sin una ley que arbitre de manera transparente los precios y volúmenes, la industria nacional queda expuesta a las decisiones de política exterior y fiscal de turno.
Perspectiva institucional
La demanda de una nueva Ley de Biocombustibles es el pedido de un «pacto de estabilidad» para el campo y la industria. Para la provincia, no basta con anuncios temporales; se requiere un esquema que premie la eficiencia y la innovación. El éxito de esta gestión ante el Congreso y el Ejecutivo nacional definirá si Córdoba sigue siendo el motor de la transformación de biomasa en energía o si debe conformarse con ser, una vez más, un mero exportador de granos sin procesar.
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