Tras el vencimiento del ultimátum diplomático, la Cancillería recurrió al organismo con sede en Alemania bajo el amparo de la CONVEMAR, solicitando medidas cautelares urgentes para suspender las operaciones del yacimiento «Sea Lion» en la Cuenca Norte del archipiélago.
En el marco de la escalada diplomática por el control de los recursos naturales en el Atlántico Sur, el Gobierno de la República Argentina formalizó una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, con el objetivo de frenar de manera inmediata el desarrollo del proyecto petrolero «Sea Lion» impulsado de forma unilateral por el Reino Unido en las Islas Malvinas. La medida fue adoptada tras el vencimiento del plazo de la intimación remitida a fines de septiembre a la administración británica encabezada por el primer ministro Andy Burnham. A través de un comunicado firmado por el presidente Javier Milei y difundido por la Oficina del Presidente, el Poder Ejecutivo ratificó la demanda para defender los derechos soberanos sobre la plataforma continental y resguardar los recursos energéticos pertenecientes al patrimonio nacional.
El procedimiento jurídico se apoya en el Artículo 290 (inciso 5) de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), un dispositivo que faculta a las partes a requerir medidas cautelares urgentes mientras se constituye el tribunal arbitral definitivo impulsado bajo el Anexo VII de la citada convención. En este contexto, el canciller Pablo Quirno detalló los puntos centrales del reclamo argentino ante el tribunal internacional: la exigencia de paralizar de forma inmediata las tareas de exploración y explotación en la Cuenca Malvinas Norte; la prohibición de que el Reino Unido otorgue nuevas licencias en la zona en disputa; la abstención del uso de información geológica obtenida unilateralmente; y el cese de los impedimentos británicos para que la Argentina cumpla con las obligaciones ambientales de preservación del medio marino estipuladas en los artículos 192 y 194 del tratado.
El accionar judicial constituye una estrategia inédita en los estrados internacionales para la diplomacia nacional, orientada a evitar que las operaciones hidrocarburíferas del proyecto «Sea Lion» causen un daño irreparable sobre el ecosistema marino o alteren el estatus jurídico de la controversia bilateral reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En sus intervenciones públicas, tanto las autoridades de la Cancillería como el propio Presidente remarcaron que el Estado argentino mantiene de manera inquebrantable sus derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Paralelamente, el Palacio San Martín volvió a exhortar al gobierno británico a abandonar los actos unilaterales de explotación y a restablecer de forma pacífica las negociaciones bilaterales de soberanía, en estricto cumplimiento de los mandatos de los organismos multilaterales.
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