El Ejecutivo envía la ley de leyes a Diputados con la meta fiscal como pilar innegociable. Para asegurar los votos y evitar nuevas derrotas, la Casa Rosada incluyó obras clave en Mendoza y Entre Ríos.
La presentación del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados marca el inicio de la negociación política más determinante del año para el Poder Ejecutivo. Tras definir las prioridades en una extensa reunión entre el presidente Javier Milei y el bloque de La Libertad Avanza en la Casa Rosada —y confirmándose que el mandatario no defenderá el texto en el recinto—, el Ministerio de Economía formalizó un programa estructurado en torno al déficit cero. El esquema prevé que la consolidación fiscal, sumada a una paulatina reducción de la presión impositiva sobre el sector privado, funcione como el motor para recuperar la actividad, dinamizar el comercio exterior e incrementar la recaudación real en el período 2027-2029.
Sin embargo, la rigidez del programa macroeconómico colisiona con la necesidad aritmética de construir mayorías en un Congreso adverso. Para recomponer los puentes tras severos reveses legislativos, la administración central activó una mesa de negociación con las provincias que se tradujo en la inclusión de obras de infraestructura fuertemente demandadas. Jurisdicciones como Entre Ríos lograron volcar en las planillas oficiales proyectos de saneamiento y agua potable para Concordia, Diamante y Villaguay; mientras que Mendoza obtuvo compromisos para la Ruta Nacional 40, los puentes sobre el río Mendoza en Anchoris y el corredor vial de vinculación con San Juan. Diálogos similares se extendieron hacia Catamarca, Tucumán, Chaco, Chubut, Corrientes, Salta y Jujuy.
El nudo analítico de la discusión presupuestaria radica en la brecha entre la asignación nominal de partidas y su ejecución efectiva. En la práctica política argentina, la aparición de una obra en el articulado presupuestario actúa como un incentivo para conseguir el voto de los legisladores que responden a los gobernadores, pero no garantiza el desembolso ni el financiamiento total por parte de la Nación en un contexto de restricción fiscal. La Casa Rosada enfrenta el desafío de utilizar estas concesiones de infraestructura como moneda de cambio para garantizar la gobernabilidad, manteniendo al mismo tiempo un límite estricto: evitar que los compromisos provinciales comprometan el ancla fiscal que el oficialismo exhibe como su principal bandera de gestión.
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