El relevamiento realizado hasta septiembre revela un trágico saldo concentrado en menores de 2 a 4 años en la Capital y el interior provincial. Con la normativa de registro bajo la lupa y causas judiciales en marcha, la Cámara Primera del Crimen se prepara para dictar una sentencia que sentará jurisprudencia sobre el dolo eventual.
La proliferación de incidentes violentos vinculados a animales de razas fuertes en la provincia de Córdoba alcanzó cifras alarmantes en lo que va de 2026. Según registros judiciales, policiales y hospitalarios, la jurisdicción suma 12 ataques de perros potencialmente peligrosos, distribuidos entre ocho casos en Córdoba Capital y cuatro en el interior provincial. La mayor gravedad del cuadro radica en que cuatro niños de entre 2 y 4 años perdieron la vida en un lapso inferior a cuatro meses como consecuencia directa de las mordeduras sufridas en entornos domiciliarios o terrenos contiguos.
La seguidilla de desenlaces fatales se inició el 13 de mayo en Cosquín con el deceso de Lara Monzón Molina (4 años), provocado por una lesión penetrante en la arteria carótida. A este caso se sumó el 9 de agosto el fallecimiento de Salvador (3 años) en el barrio Villa La Lonja de la Capital tras ser atacado por una mestiza de pitbull, derivando en imputaciones por homicidio culposo. La situación se agravó el pasado 4 de septiembre con dos muertes simultáneas en pocas horas: una niña de 2 años en barrio Cabildo embestida por dos dogos y el pequeño Owen González (2 años) en Alta Gracia, víctima de un pitbull.
Además de los fallecimientos, la nómina de heridos graves incluye a ocho personas con secuelas permanentes en barrios como Müller, San Roque, Villa Adela y Remedios de Escalada, registrando amputaciones, injertos cutáneos y suturas complejas. El episodio más reciente involucró a una niña de 4 años en Villa Dolores, quien permanece internada con pronóstico reservado. Ante este escenario, la efectividad de las ordenanzas locales quedó cuestionada: el ente BioCórdoba reportó apenas 2.000 perros registrados bajo la normativa de tenencia responsable en la Capital, a pesar del incremento en los emplazamientos e inspecciones municipales a propietarios.
El debate institucional sobre la responsabilidad penal tendrá un hito determinante el próximo 15 de septiembre, cuando la Cámara Primera del Crimen dicte sentencia en el juicio contra José Luis Nieto, dueño de los dogos que mataron a Trinidad Ballesteros (15) en 2023. La fiscalía solicitó 9 años de prisión y la querella 12 años bajo la figura de homicidio simple con dolo eventual, en tanto que la defensa pidió la absolución o el encuadre en homicidio culposo. La resolución judicial sentará un precedente histórico en la provincia al definir si la negligencia en la custodia de animales potencialmente leales y letales constituye un delito doloso.
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