El Gobierno nacional puso en marcha un paquete de medidas que endurece las penas contra empresas que exploten recursos en las islas y fortalece el presupuesto de Defensa. La segunda etapa incluirá el envío al Congreso de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
En el marco de una redefinición de la política exterior y de defensa en el Atlántico Sur, el presidente Javier Milei avanzó con la oficialización de un conjunto de decretos orientados a sancionar a empresas vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas. La estrategia trazada por la Casa Rosada se estructurará en dos etapas consecutivas: la primera, de ejecución inmediata a través de decretos del Poder Ejecutivo, y la segunda, mediante el envío formal al Congreso de la Nación de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, previsto para la próxima semana.
Las primeras medidas implementadas por la vía reglamentaria apuntan a acelerar los procesos de sanción previstos en la Ley 26.659 contra compañías petroleras e hidrocarburíferas que operen en el archipiélago sin aval de la República Argentina. El esquema busca fortalecer la identificación de accionistas, directores y proveedores vinculados a estas actividades, estableciendo que ninguna firma que participe en la explotación de recursos en las islas pueda mantener simultáneamente operaciones comerciales o concesiones en el territorio continental argentino. En paralelo, se dispondrá un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para reasignar y ampliar fondos al Ministerio de Defensa, destinados prioritariamente al desarrollo de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego —proyectada como un nodo logístico clave para la proyección antártica— y al fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones.
Por su parte, la iniciativa legislativa que ingresará al Parlamento propondrá un endurecimiento del régimen penal y administrativo vigente. El texto busca extender las inhabilitaciones a la cadena de proveedores de las empresas infractoras, prohibirles la contratación tanto con el sector público como con el privado dentro del país, y habilitar la figura del juicio en ausencia para procesar a los responsables. Asimismo, el proyecto no se limitará al sector hidrocarburífero, sino que abarcará cualquier actividad económica o extractiva que comprometa los recursos naturales de la plataforma continental argentina.
Un eje central del proyecto de ley será la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un nuevo órgano colegiado que articulará las decisiones de la Cancillería, el Ministerio de Defensa, las áreas de Inteligencia y el Ministerio de Economía. El objetivo oficial es institucionalizar una política de Estado transversal con foco en la vigilancia marítima, aeroespacial y el resguardo de la infraestructura crítica. Con el inicio de la fase ejecutiva, el debate político se trasladará al recinto legislativo, donde la Casa Rosada buscará apalancarse en el consenso histórico sobre la Causa Malvinas para lograr la aprobación del nuevo marco normativo.
Más historias
El impacto de la salud del Papa en Córdoba: la agenda política en suspenso ante la cirugía en el Vaticano
Gobernabilidad municipal y estrategia electoral: las victorias de Llaryora frente al Suoem no despejan la incertidumbre hacia 2027
La estrategia electoral de Llaryora para 2027 y los factores que escapan al control del oficialismo cordobés