Tres de los primeros magistrados que intervinieron en la investigación por el crimen de Nora Dalmasso se enfrentan desde hoy a un Jurado de Enjuiciamiento. Los acusan de mal desempeño y negligencia grave durante una instrucción que —entre prejuicios y errores técnicos— terminó por blindar la impunidad en Río Cuarto.
A casi veinte años del asesinato que conmocionó al país, el Poder Judicial de Córdoba inicia una instancia de revisión interna sin precedentes. Los fiscales Javier Di Santo, Fernando Moine y Mariano Valerga están bajo la lupa del Jury. El foco de la acusación reside en lo que se describe como una «parálisis investigativa» y la desestimación de líneas de prueba que resultaron determinantes para el fracaso de la causa.
El crimen que paralizó a una ciudad
La madrugada del 25 de noviembre de 2006, la vida de Río Cuarto cambió para siempre. Nora Dalmasso (51) fue hallada sin vida en su casa del exclusivo country Villa Golf. Su cuerpo estaba sobre la cama de su hija, desnudo y con el lazo de su propia bata rodeándole el cuello.
Mientras su marido, el médico Marcelo Macarrón, se encontraba en Uruguay participando de un torneo de golf, la escena del crimen se convertía en el centro de un torbellino mediático y judicial. Lo que siguió fue una sucesión de hipótesis que, según los críticos, buscaron culpables en los lugares equivocados:
- El «Perejil»: La detención de Gastón Zárate, un pintor que trabajaba en la casa, desató una histórica movilización popular en Río Cuarto bajo el lema «El Perejilazo».
- La sospecha familiar: La imputación de Facundo Macarrón, hijo de Nora, basada en rastros genéticos que luego se demostró pertenecían al linaje Macarrón pero no necesariamente a él.
- El enfoque sexista: Durante meses, la investigación pareció más centrada en la vida privada de la víctima y sus supuestos amantes que en encontrar al asesino, instalando un estigma social que revictimizó a Nora.
Las claves de la acusación: negligencia y omisión
El Jury que comienza este martes busca determinar si los fiscales Di Santo, Moine y Valerga actuaron con la diligencia que el cargo exigía. La acusación sostiene que se permitió la contaminación de la escena —por la que pasaron más de veinte personas antes de ser preservada— y que se ignoraron pistas que apuntaban a móviles económicos o círculos de poder local.
Se les adjudica una conducta omisiva que habría permitido la pérdida de pruebas biológicas fundamentales y la caducidad de rastros tecnológicos que hoy son irrecuperables. En la práctica, el sistema judicial terminó agotando sus recursos en teorías que nunca llegaron a una condena, dejando el crimen en el limbo de lo «no resuelto».
Un proceso histórico para la Justicia
Desde una perspectiva institucional, este Jury es la última oportunidad del Poder Judicial para demostrar que los mecanismos de control funcionan. Tras la absolución definitiva de Marcelo Macarrón en 2022, este juicio de enjuiciamiento no busca a un asesino, sino que busca establecer responsabilidades funcionales.
El resultado podría terminar en la destitución de los magistrados. En el banquillo no solo están tres nombres; está en debate el estándar de transparencia y eficiencia que la sociedad le exige a quienes deben garantizar la legalidad en Córdoba.
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