El gobernador Martín Llaryora celebra un nuevo triunfo político sobre el gremio municipal capitalino al transferir el control del tránsito a la Policía Provincial, aunque la fragilidad de los sondeos de opinión mantiene en alerta al Centro Cívico.
En el Centro Cívico de Córdoba se anotan un doble triunfo político con el avance del convenio entre la Municipalidad de Córdoba y el Ministerio de Seguridad de la Provincia. La iniciativa, que faculta a la Policía a intervenir en la ordenación del tránsito urbano ante contingencias o paros del Sindicato de Empleados Municipales (Suoem), doblega la capacidad de presión del gremio conducido por Rubén Daniele y expone fisuras en la oposición. Mientras el radicalismo perfila su aval en el Concejo Deliberante, el juecismo quedó aislado en su rechazo al acuerdo. No obstante, el costo colateral recae sobre la figura del intendente Daniel Passerini, cuya autoridad vuelve a quedar supeditada a la tutela directa del Ejecutivo provincial en el principal distrito electoral de la provincia.
Pese al saldo favorable en el conflicto callejero, la inquietud de fondo en el oficialismo pasa por el frente electoral de cara a 2027. Llaryora despliega una agenda de altísima intensidad con visitas semanales a los barrios de la Capital y recorridas por los 426 municipios cordobeses, consciente de que los sondeos de opinión vigentes no ofrecen márgenes de holgura. Las encuestas reflejan que la evaluación de la gestión provincial en la Capital está fuertemente atada a la percepción de los servicios municipales, al tiempo que una potencial convergencia entre los libertarios de Javier Milei, el juecismo y el radicalismo de Rodrigo de Loredo configuraría una alianza altamente competitiva capaz de amenazar la continuidad del peronismo en el poder.

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