Mientras Javier Milei buscó inversiones en París para consolidar su modelo de apertura y atracción de capitales en sectores estratégicos, Martín Llaryora prefirió quedarse en Córdoba recorriendo obras y anunciando la Ley de Promoción Industrial. El contraste evidencia una diferenciación calculada sobre el rol del Estado y el costo social de la transición económica de cara al próximo turno electoral.
La decisión del gobernador Martín Llaryora de declinar la invitación a la comitiva oficial de la «Argentina Week» en Francia responde a un cálculo político estricto en la provincia de Córdoba. Si bien tanto la Casa Rosada como el Centro Cívico convergen en la necesidad de un modelo con equilibrio fiscal y apertura comercial, la brecha estratégica radica en la intervención estatal durante la recesión. Mientras el presidente Milei impulsa una transformación cultural volcada a la iniciativa privada que desfinancia áreas sociales y universitarias, Llaryora utiliza la protección a la industria local, el financiamiento a obras públicas y los programas de contención territorial como el diferencial ético y ejecutivo de su gestión.
El trasfondo de esta dinámica expone una economía a dos velocidades que redefine el mapa de poder del país. Por un lado, las grandes inversiones se concentran en enclaves extractivos y energéticos de alto rendimiento (Vaca Muerta, minería y desarrollos automotrices) que logran operar al margen de la volatilidad financiera y un riesgo país que paraliza el crédito tradicional. Por el otro, la industria manufacturera del mercado interno atraviesa un ciclo de reconfiguración forzada, donde el retroceso del consumo masivo y la restricción del gasto nacional exigen a las provincias tomar un rol activo de amortiguador social.
De cara al calendario electoral, la distancia que marca Llaryora le permite evitar la foto del alineamiento automático y preservar su margen de maniobra en la Capital y el interior productivo. Para el oficialismo provincial, las seccionales urbanas y el entramado PyME cordobés representan activos políticos clave que no pueden quedar expuestos a los costos del ajuste nacional. Así, el choque entre el esquema de mercado libertario y la doctrina del «Estado presente» cordobesa configura la principal tensión conceptual con la que ambos proyectos disputarán la hegemonía regional.
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