Un informe de Proyecto Mirar advierte que Córdoba registró 9.341 prácticas de IVE e ILE en 2025, posicionándose como la tercera provincia con mayor demanda. A nivel país, la cifra general se mantiene estable, pero el sostenimiento de la Ley 27.610 recae en las arcas provinciales ante el recorte presupuestario y el cese de compra de insumos desde el Gobierno central.
A más de cinco años de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el acceso a la prestación en el sistema de salud pública muestra un comportamiento de estabilidad cuantitativa, aunque atravesado por profundas reconfiguraciones en su financiamiento. El informe del reporte anual de Proyecto Mirar —elaborado por el Cedes e Ibis Reproductive Health— revela que durante 2025 se contabilizaron 87.603 IVE e ILE en 20 provincias argentinas. En este esquema, Córdoba acumuló 9.341 intervenciones en 237 centros asistenciales, consolidándose junto a la provincia de Buenos Aires y CABA como los tres distritos que absorben el 72% de la demanda en el sector público.
El dato central que arroja el relevamiento radica en el cambio de gobernanza fiscal de la política sanitaria. Frente a la interrupción de las compras centralizadas de medicamentos e insumos —como el misoprostol y la mifepristona— por parte del Ministerio de Salud de la Nación, un lote de 13 provincias debió reasignar partidas presupuestarias propias para evitar la interrupción de las atenciones. Este esfuerzo financiero por parte de los estados subnacionales busca suplir además la contracción del 57% en el gasto del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable a nivel nacional, cuya cobertura proyectada en anticonceptivos sufrió un desplome del 93% en comparación con 2024.
Pese al cese de la provisión federal de medicamentos y a los reiterados debates en torno a la vigencia del marco normativo, la red asistencial montada en los centros de salud de primer nivel continúa absorbiendo las consultas tempranas, logrando que el 90% de las intervenciones se efectúen dentro de las primeras doce semanas de gestación. La subsistencia de la prestación, por ende, ha dejado de responder a una estrategia coordinada desde la Casa Rosada para transformarse en una política de preservación territorial, sostenida en la capacidad de gestión de cada ministerio de salud provincial y en la labor de los equipos territoriales.
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