El juicio a Oscar González: las tres posturas contrapuestas a la espera del veredicto judicial

Tras el cierre de los alegatos en Villa Dolores, la causa por el trágico choque de 2022 quedó a las puertas de la sentencia. El tribunal deberá resolver entre el pedido de absolución planteado por la defensa, la condena por homicidio culposo formulada por la Fiscalía y la hipótesis de dolo eventual impulsada por la querella.

El tramo final del juicio contra el exlegislador Oscar González por el siniestro vial que causó la muerte de Alejandra Bengoa y provocó severas secuelas a Marina Szulewicz y Alexa Miranda expone la fragmentación técnica para evaluar la responsabilidad penal en incidentes de tránsito complejos. A casi cuatro años de la tragedia en el Camino de las Altas Cumbres, el proceso oral tramitado en los Tribunales de Villa Dolores concluyó sus exposiciones de partes ofreciendo tres lecturas sustancialmente divergentes sobre una misma mecánica de impacto. La decisión final, bajo la órbita del juez Santiago Camogli, fijará un precedente sobre la valoración del riesgo vial y la conducta al volante en la provincia de Córdoba.

El planteo de la defensa, encabezada por Miguel Ángel Ortiz Pellegrini y Eduardo Santiago Caeiro, solicitó la absolución de González atribuyendo la causa determinante del siniestro a una maniobra del Renault Sandero conducido por Bengoa. Según la tesis defensiva, la invasión de carril en un sector de doble línea amarilla por parte del vehículo de las víctimas exime de culpabilidad al exfuncionario. En contraste, la Fiscalía de Cámara a cargo de Analía Gallaratto encuadró el hecho como homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, solicitando una pena de 3 años y 10 meses de prisión efectiva junto a 10 años de inhabilitación para conducir, al considerar probado un actuar imprudente pero sin representación del resultado muerte.

La querella representada por el abogado Emiliano Binante escaló la pretensión punitiva al acusar a González por homicidio simple con dolo eventual, solicitando una condena de 10 años de prisión, o de manera subsidiaria, 6 años por conducción temeraria. La controversia jurídica, que trasciende las diferencias periciales para internarse en la calificación dogmática de la culpa y el dolo, ingresará en su etapa resolutiva durante el mes de octubre, cuando el magistrado dé a conocer un veredicto con alto impacto social e institucional.