El cierre de más de 30.000 empresas según datos del CEPA expone la profundidad del cambio de régimen económico en Argentina. Mientras la minería, la energía y el agro traccionan divisas e impulsan el PIB, el ajuste de costos, la apertura comercial y la caída del consumo asfixian al tejido manufacturero y comercial urbano.
La controversia sobre el cierre masivo de pequeñas y medianas empresas sintetiza el dilema central del programa económico encabezado por Javier Milei: la coexistencia de indicadores macroeconómicos en orden con un severo deterioro de la densidad productiva interna. La estrategia oficial de erradicar la emisión monetaria, recortar subsidios a las tarifas y abrir el mercado a la competencia importada ha generado una economía de dos velocidades. Por un lado, los sectores intensivos en capital exportador —como los hidrocarburos, el litio y la agroindustria— registran récords de inversión y liquidación de divisas; por el otro, el comercio minorista y la industria manufacturera sufren la contracción sistemática del poder adquisitivo y el incremento de los costos operativos en moneda extranjera.
Esta asimetría sectorial impacta de manera directa en la dinámica del mercado laboral. A diferencia de las actividades extractivas, que generan una oferta reducida de puestos directos, la industria tradicional y los servicios urbanos concentran el grueso del empleo registrado. La pérdida de más de 30.000 unidades productivas —principalmente pymes y emprendimientos de reducida escala— ha desplazado a miles de trabajadores desde el sector formal hacia la informalidad, el cuentapropismo y la conducción de aplicaciones de transporte. Desde la perspectiva gubernamental, este fenómeno constituye un proceso inevitable de destrucción creativa y reasignación de recursos eficientes; desde la óptica de las cámaras patronales y analistas académicos, representa la erosión de capacidades instaladas de difícil recuperación.
El trasfondo del debate radica en las condiciones de competitividad en las que se desarrolla la transición. Mientras el Poder Ejecutivo defiende la desregulación como el único camino para eliminar distorsiones históricas, los sectores industriales advierten que la apertura comercial se produce bajo una elevada presión fiscal remanente, costos logísticos inflexibles y una apreciación cambiaria que beneficia a los productos importados. La evolución de esta tensión entre la acumulación de reservas internacionales y la viabilidad del mercado interno definirá el margen de tolerancia social e institucional frente al modelo de desarrollo en el tramo previo al próximo año electoral.
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