La pretensión oficial de suspender o eliminar las PASO abre un complejo escenario de negociación entre el Gobierno nacional y los gobernadores. Detrás del cálculo sobre los votos parlamentarios de Córdoba, el cordobesismo busca condicionar la reforma a garantías de gobernabilidad territorial, en un marco condicionado por el electorado pro-Milei.
La ofensiva impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional para derogar o suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) trasciende la mera ingeniería legislativa: representa el próximo terreno de negociación donde se medirá la correlación de fuerzas entre la Casa Rosada y las provincias. En ese tablero, el gobierno de Martín Llaryora se perfila como un actor determinante gracias a su bloque en la Cámara de Diputados, transformando la iniciativa electoral en una moneda de cambio clave frente a las urgencias de financiamiento, gobernabilidad y armado político.
Aunque el cordobesismo coincide conceptualmente en la necesidad de revisar el costo e idoneidad del sistema de primarias, la postura del Centro Cívico mutó hacia una estrategia de negociación supeditada al escenario local. La pretensión del Ejecutivo cordobés pasa por alcanzar una suerte de statu quo político con la administración libertaria, buscando morigerar el despliegue de una coalición opositora competitiva en la provincia de cara al próximo turno electoral. Sin embargo, este planteo choca contra la determinación manifestada por la cúpula nacional de La Libertad Avanza de disputar el segundo distrito electoral del país para consolidar el proyecto de reelección presidencial.
El margen de maniobra de Llaryora para confrontar abiertamente con la Casa Rosada se encuentra delimitado por la sociología electoral del votante cordobés. Con un núcleo duro de apoyo al Presidente que se mantiene firme en la provincia y una arraigada aversión hacia las estructuras del peronismo bonaerense, el mandatario provincial busca evitar que la contienda local quede nacionalizada o emparentada con la oposición kirchnerista. Esta cautela explica el tono moderado del Centro Cívico frente a la figura presidencial, en una estrategia defensiva que busca preservar la autonomía provincial sin erosionar el caudal político que el oficialismo nacional ostenta en el territorio.
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