El pedido de quiebra de la firma de Santa Eufemia expone la fragilidad financiera del clúster manisero cordobés. Detrás del ahogo por pasivos que superan los $ 20.000 millones y el incumplimiento de contratos de materia prima, aflora un modelo productivo vulnerable al riesgo de crédito y al estrechamiento de los márgenes de exportación.
El pedido de propia quiebra presentado por Manisur S.A. ante la Justicia de La Carlota trasciende la crisis individual de una firma emblemática: actúa como un indicador severo de las tensiones estructurales que atraviesa la cadena de valor agroindustrial en el sur cordobés. Con un pasivo que asciende a $ 20.337 millones, pérdidas de ejercicio por más de $ 6.800 millones y una caída del 30% en sus ventas netas, la paralización de la planta no solo pone en vilo el sustento de 90 familias en Santa Eufemia —localidad de tan solo 2.700 habitantes—, sino que desnuda la elevada dependencia operativa que mantiene el sector respecto del financiamiento de corto plazo y el abastecimiento de materia prima de terceros.
El quiebre definitivo de la empresa —que sobrellevaba un acuerdo concursal desde 2019— se desencadenó tras la caída imprevista de un acuerdo comercial para procesar 8.000 toneladas de maní, compromiso sobre el cual la compañía había montado su arquitectura operativa y crediticia. La imposibilidad de sustituir ese volumen en el mercado abierto reveló el principal punto ciego del negocio: la erosión de la confianza crediticia entre los productores regionales —agravada por la situación patrimonial de sus propios socios— y la falta de liquidez para operar en un contexto de retracción de precios internacionales (con bajas de hasta US$ 278 por tonelada) e incrementos en los costos financieros y tributarios.
Con una deuda bancaria de $ 12.190 millones catalogada en gran medida como de alto riesgo o irrecuperable, la quiebra de Manisur reabre el debate sobre la sustentabilidad de las medianas procesadoras independientes frente a las exigencias de capital intensivo que demanda el mercado global. Mientras la Sindicatura debe definir los pasos para el resguardo de los activos en un marco de cesación de pagos total, el impacto socioeconómico en el departamento Juárez Celman evidencia los elevados costos locales que asumen los pueblos monoindustriales cuando falla el engranaje crediticio de su principal motor productivo.

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