La eliminación de los subsidios al gas expone el estrecho margen de maniobra del Panal ante la Casa Rosada. Detrás de la votación en el Senado convergen la necesidad fiscal del Gobierno nacional, la fragmentación de la oposición aliada y los cálculos electorales hacia 2027.
La sanción de la reforma al régimen de Zona Fría en el Senado no representa únicamente un ajuste fiscal en los subsidios al gas: constituye una radiografía de los límites y contradicciones de la geopolítica parlamentaria. La norma aprobada por La Libertad Avanza —que dejará sin beneficio a unos 700 mil usuarios cordobeses— se convirtió en el escenario donde chocaron las urgencias de caja del Poder Ejecutivo Nacional y las estrategias de supervivencia de los gobernadores del interior, en un marco donde el pragmatismo fiscal terminó imponiéndose a los alineamientos territoriales.
El impacto político en Córdoba no se explica solo por el resultado numérico, sino por las posiciones adoptadas durante la negociación. La Libertad Avanza logró la aprobación atando acuerdos individuales con mandatarios patagónicos y del Norte Grande, desarticulando el bloque de contención que el cordobesismo intentó liderar. En ese tablero, el gobierno de Martín Llaryora quedó atrapado en un dilema táctico: mantener una retórica inflexible de «defensa de los recursos provinciales» o asumir el costo de no contar con la fuerza parlamentaria suficiente para torcer el rumbo de la iniciativa, lo que se tradujo en una prudente distancia discursiva y en la sugestiva ausencia de la senadora Alejandra Vigo en el recinto.
Por su parte, el respaldo de los senadores opositores alineados con la Casa Rosada, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, expone una apuesta estratégica hacia la consolidación de un polo oficialista en la provincia. Al validar la reestructuración tarifaria bajo la premisa de la focalización del gasto público, la oposición aliada acepta pagar el costo político del aumento en las facturas de gas a cambio de alinearse con el núcleo duro del electorado libertario. El desenlace traslada la tensión al terreno local, donde la discusión por el impacto tarifario pasará de las bancadas del Congreso al debate por la construcción de representatividad en el territorio cordobés.
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