A través de un pacto de duración ilimitada con Copenhague y Nuuk, el gobierno de Donald Trump desplegará nueva infraestructura defensiva en la isla estratégica y bloqueará inversiones o bases de países considerados adversarios. Aunque el entendimiento preserva la soberanía danesa, Estados Unidos consolida una proyección geopolítica inédita en el Atlántico Norte.
En un giro diplomático que busca redefinir la arquitectura de defensa en el hemisferio norte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la concreción de un acuerdo tripartito con el Reino de Dinamarca y el gobierno autónomo de Groenlandia para asumir el «control permanente» sobre la seguridad de la isla. Según detalló el mandatario norteamericano a través de sus canales oficiales, el entendimiento no prevé fecha de expiración ni costo financiero para Washington, e iniciará de manera inmediata el desarrollo de nueva infraestructura militar estadounidense en sectores clave del territorio ártico.
El pacto establece un derecho de veto fáctico en materia de defensa e inversiones estratégicas. De acuerdo con la versión difundida por la Casa Blanca, ninguna nación considerada adversaria por Estados Unidos podrá instalar bases militares, desplegar tropas ni ejecutar desembolsos económicos en infraestructura sensible dentro de Groenlandia sin una autorización previa y por escrito de Washington. Aunque la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, ratificaron que el texto formal se firmará en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU, ambas autoridades enfatizaron que el tratado respeta la integridad territorial de Dinamarca y la autodeterminación del pueblo groenlandés, encuadrando el movimiento dentro de las prioridades estratégicas de la OTAN.
Esta resolución altera la dinámica de tensiones abierta desde el retorno de Trump al Poder Ejecutivo, cuando reactivó la intención de comprar la isla argumentando razones de seguridad nacional. Si bien el acuerdo descarta la transferencia formal de soberanía que reclamaba el sector más radical del gobierno estadounidense, le otorga a Pentágono una injerencia sin precedentes sobre un enclave crucial para el control de las rutas marítimas polares y la contención del avance de potencias rivales en el Ártico.
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