Un relevamiento de la Cámara de Comercio de Córdoba reveló que la informalidad representa más del 38% del total comercializado en la provincia. El sector tecnológico reclama la creación de un registro obligatorio de IMEI para bloquear teléfonos irregulares y exigir trazabilidad en los marketplaces.
El avance del contrabando y la comercialización informal genera una creciente alarma en el sector comercial de la provincia de Córdoba. Según un informe elaborado para la Cámara de Comercio de Córdoba, las transacciones en canales informales alcanzaron los US$ 2.388 millones durante el año pasado, frente a un mercado formal estimado en US$ 3.782 millones. Estos datos confirman que más del 38% del comercio provincial opera bajo la ilegalidad, un fenómeno que no responde a la falta de consumo sino a la penetración de circuitos no regulados que afectan de forma crítica a rubros como la telefonía celular, la indumentaria, el calzado, la óptica y la perfumería.
El impacto es severo en el mercado de la tecnología. Empresarios del sector estiman que la participación de equipos ingresados ilegalmente al país pasará del 35% registrado el año pasado al 45% durante el presente ejercicio, llegando a representar hasta un 90% en el caso de los iPhone. Se calcula que, de los 90 mil celulares comercializados mensualmente en Argentina, cerca de 50 mil ingresan de contrabando a través de dos rutas principales: el circuito Panamá-Córdoba y la frontera con Paraguay por Eldorado. Debido a la evasión impositiva y aduanera, los dispositivos irregulares se ofrecen hasta un 30% más baratos que en el circuito legal, lo que, sumado a una caída del 30% en las ventas formales por la recesión, pone en riesgo la continuidad de las empresas establecidas.
Ante este escenario, las entidades comerciales proponen implementar un Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles y exigir a los marketplaces la venta exclusiva de dispositivos con IMEI homologado. La iniciativa proyecta una validación cruzada entre Enacom, importadores, fabricantes y las empresas operadoras de telefonía móvil, de modo que todo aparato no registrado sea bloqueado automáticamente al intentar conectarse a la red. Paralelamente, la Cámara de Comercio de Córdoba, junto con la Aduana, la Secretaría de Comercio provincial y los Ministerios Públicos Fiscales, habilitó un canal de denuncias anónimas centrado en la localización e intervención de depósitos y galpones de almacenamiento, buscando frenar la distribución de mercadería falsificada o de contrabando antes de su comercialización.
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