28 agosto, 2026

Contraofensiva oficial: Milei reaccionó a las críticas internacionales y el oficialismo busca arancelar la salud y la educación para extranjeros

Tras los cuestionamientos de figuras globales luego de la final del Mundial, el Presidente encabezó una respuesta en redes sociales. En paralelo, La Libertad Avanza presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para cobrar prestaciones públicas a no residentes.

En el marco de una escalada de tensiones tras la final del Mundial, el presidente Javier Milei lideró una respuesta comunicacional contra lo que la Casa Rosada define como una «campaña anti-Argentina». En simultáneo con las publicaciones del mandatario en redes sociales, el bloque bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para arancelar la atención médica y la educación universitaria a extranjeros no residentes, buscando priorizar los recursos públicos para los ciudadanos locales.

La estrategia oficial busca neutralizar las severas críticas lanzadas por figuras de la cultura internacional como Samuel L. Jackson, Javier Bardem, el escritor Arturo Pérez-Reverte y la cantante Rosalía, quienes cuestionaron tanto la conducta deportiva del plantel argentino como la narrativa del país en materia de derechos y racismo. Ante este escenario, Milei reaccionó compartiendo una imagen del mapa argentino acompañada por la frase “Ahora van a ver dónde puede llegar un país lleno de argentinos”, además de citas sobre la confrontación política que fueron respaldadas por referentes oficialistas como Agustín Laje.

En el plano legislativo, la iniciativa impulsada por el diputado provincial Agustín Romo cuenta con la firma de 19 legisladores de La Libertad Avanza y el PRO. El texto aclara que no se negará la asistencia médica ante emergencias, sino que se exigirá el pago a través de un seguro de salud privado o arancelamiento directo. Según indicaron desde el espacio libertario, la medida busca resguardar los fondos provinciales frente a la restricción presupuestaria, en línea con la doctrina de la administración nacional de arancelar servicios públicos para no contribuyentes.